La Comisión de Fiscalización reprobó la cuenta pública 2024 del Ayuntamiento de San Quintín
San Quintín, BC.- Al determinarse la reprobación de la cuarta cuenta pública del municipio de San Quintín, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López enfatizó que este tipo de resoluciones no responden a tintes políticos, sino a la necesidad de frenar el descuido e inconsistencias en las finanzas públicas.
En sesión de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, encabezada por la diputada María Alejandra Ang Hernández en el Congreso del Estado de Baja California, se abordó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024 correspondiente a nueve meses del Concejo Municipal Fundacional presidido en su momento por Jorge Alberto López Peralta, y tres del Primer Ayuntamiento a cargo de Miriam Elizabeth Cano Núñez.
La diputada del Distrito XVII fijó su postura tras emitirse el dictamen en sentido negativo. «San Quintín merece un manejo transparente y escrupuloso de cada peso. No podemos permitir que la negligencia administrativa empañe las aspiraciones de desarrollo de nuestra gente ni que se normalice la reprobación de cuentas», expresó.
En su participación, Murillo López cuestionó la adquisición de bienes inmuebles por adjudicación directa por más de 29 millones de pesos sin acreditar dicha modalidad. También solicitó aclaración sobre contratos superiores a los 15 millones de pesos a proveedores ajenos a la lista del padrón oficial, junto los mecanismos a implementar para prevenir esta falta.
Dentro de sus planteamientos, planteó al equipo del Primer Ayuntamiento aclarar la planeación diferida en la pavimentación de la Avenida Benito Juárez, además de señalar presuntos daños en la calidad de las obras correspondientes a la pavimentación de la Avenida Vicente Guerrero.
La congresista subrayó que la labor de vigilancia desde el Congreso del Estado busca garantizar que el presupuesto verdaderamente se traduzca en obras, servicios de calidad y bienestar para las familias sanquintinenses, destacando que el impacto generado por un aparente desorden administrativo. Aunado a esto, cuestionó la falta de claridad de los funcionarios que actualmente colaboran con el I Ayuntamiento y que en su momento formaron parte del Concejo Fundacional.
Destacó que con este nuevo dictamen negativo, el expediente pasa a las instancias correspondientes para que se determinen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales a las que haya lugar por el posible daño patrimonial a las arcas municipales.
