La situación más crítica recayó en la entrega de apoyos alimentarios
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín, BC.- En medio de señalamientos por crisis económica, la directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Quintín, Irma López Merino, denunció que el área suspendió el trabajo de campo y operativo a causa de los recortes en el suministro de combustible.
A través del oficio DBS/IASQ/155/2026, López Merino dirigió un llamado a la Oficialía Mayor, Secretaría General, Sindicatura y a diversos regidores, advirtiendo que la falta de este insumo básico no solo detiene los vehículos, sino que «paraliza supervisiones y, sobre todo, afecta a familias que dependen de estos programas para su alimentación y bienestar».
“Nuestro trabajo no se limita a funciones únicamente administrativas en oficina. Por el contrario, implica recorridos constantes en colonias y diferentes delegaciones, visitas domiciliarias, levantamiento de estudios socioeconómicos, supervisiones, entrega de apoyos y atención directa a población en situación de vulnerabilidad”, expone la Directora de Bienestar Municipal en el oficio.
La situación más crítica recae en la entrega de apoyos alimentarios. Según el documento, actualmente existen 2,000 despensas pendientes de entregar que no han podido llegar a sus beneficiarios porque el personal no cuenta con medios para realizar los estudios socioeconómicos necesarios ni para el traslado de los insumos.
López Merino advirtió que, de continuar esta parálisis, los productos —muchos de ellos perecederos— corren el riesgo de caducar en las bodegas, lo que derivaría en sanciones económicas por parte del DIF Nacional y posibles responsabilidades administrativas y penales para el Ayuntamiento.
De acuerdo con lo expuesto, la suspensión de actividades afecta una estructura de atención que abarca 46 colonias y múltiples programas estratégicos, incluyendo la seguridad alimentaria con la suspensión de las visitas a escuelas del programa «Desayuno Escolar Caliente», así como la falta de posible activación de refugios temporales y auditorías que podría detonar el incumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual (POA) debido a la falta de movilidad.
En un tono de reclamo directo hacia la administración central, el oficio cuestiona las prioridades institucionales del gobierno municipal: «¿No debería ser una prioridad institucional garantizar los medios necesarios para cumplir con los programas sociales que impactan directamente en quienes más lo necesitan?», se lee en el documento oficial.
A pesar de que el personal de Bienestar Social ha manifestado su disposición para trabajar incluso bajo condiciones climáticas adversas, la falta de «herramientas mínimas» ha anulado su capacidad de respuesta, expresa el oficio.
“Solicitamos de manera atenta y urgente se reconsidere esta situación, a fin de que se garantice la dotación de combustible necesaria para continuar con las actividades operativas y dar cumplimiento a las metas, compromisos y atribuciones”, expresan en el oficio.
El oficio fue emitido el 24 de febrero del presente año, y sellado de recibido el miércoles 25 de febrero. A corto plazo, los funcionarios notificados fueron la Oficial Mayor, Ivonne Berenice Caram Alba; el Síndico Juan Pablo Guerrero Gamboa; la Secretaria General, Claudia Escamilla, así como al menos dos regidores.
Posicionamiento de la alcaldesa Miriam Cano Núñez
A través de un posicionamiento, la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez minimizó la crisis denunciada por la titular de Bienestar, Irma López Merino, calificándola como un problema de «falta de comunicación» y una «interpretación incorrecta» de las instrucciones administrativas.
Cano Núñez afirmó que la suspensión del suministro de gasolina a la Dirección de Bienestar Social fue una “medida temporal” aplicada durante un periodo de “código rojo” ante los hechos de inseguridad el pasado fin de semana.
Declaró que la indicación fue limitar el uso de combustible exclusivamente para servicios públicos prioritarios y el reforzamiento de la seguridad pública, mientras se mantenía la alerta preventiva. Por esto, manifestó que la medida no fue permanente ni dirigida de manera específica contra Bienestar Social, sino una disposición general como parte de un protocolo de prevención.
La alcaldesa también sostuvo que el oficio emitido por la Dirección de Bienestar Social fue resultado de una falta de comunicación sobre la temporalidad de la decisión, lo que derivó en una interpretación “incorrecta” del alcance de la instrucción administrativa.
Indicó que en ningún momento se canceló de manera definitiva el suministro de combustible a Bienestar Social y que, una vez superadas las condiciones de riesgo, las actividades operativas se normalizarían conforme a la “disponibilidad” y lineamientos internos.
