Emitió un pronunciamiento ante el Congreso del Estado
San Quintín, BC.- Derivado de la iniciativa que conformaría la Ley de Protección al Entorno y los Derechos del Magisterio y Personal Educativo (PROTEM), la diputada Dunnia Montserrat Murillo López respaldó al personal educativo frente a actos de acoso, violencia y señalamientos infundados, garantizando el debido proceso sin desatender el interés superior de la niñez.
Con el objetivo de garantizar entornos de trabajo seguros, dignos y libres de violencia para el sector educativo de la entidad, la diputada, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA en la XXV Legislatura del Congreso del Estado, presentó un posicionamiento en la última sesión ordinaria.
El pronunciamiento da seguimiento a la iniciativa con proyecto de decreto que la propia legisladora impulsó el pasado 11 de agosto de 2026, actualmente en análisis en comisiones del Poder Legislativo.
Durante la Exposición de Motivos, la diputada Murillo López advirtió que en los últimos años el personal docente ha enfrentado situaciones críticas de acoso, hostigamiento, violencia, amenazas y señalamientos públicos en las comunidades escolares. Estas circunstancias generan incertidumbre, afectaciones psicológicas y desgaste laboral en quienes sostienen la educación pública en el estado.
La propuesta legislativa plantea establecer mecanismos de protección institucional, acompañamiento jurídico, atención psicológica y resguardo de la confidencialidad de datos personales para los trabajadores. Asimismo, enfatiza la protección ante señalamientos que, mediante resolución firme de la autoridad competente, sean determinados como dolosos o infundados.
Un aspecto clave abordado es el fortalecimiento de la presunción de inocencia. La iniciativa busca fijar límites claros para evitar que un trabajador de la educación sea separado de sus funciones, expuesto o señalado públicamente antes de que exista un fallo de la autoridad.
No obstante, la legisladora precisó que blindar al magisterio no contraviene la protección de la niñez ni limita el derecho de denuncia de los padres de familia. «Proteger al magisterio no significa estar en contra de las familias ni de las y los estudiantes; por el contrario, significa construir un sistema educativo donde exista equilibrio, respeto, responsabilidad y justicia para todas las partes», aseveró Murillo López.
Señala que las medidas contempladas respetarán de manera irrestricta el interés superior de la niñez y no interferirán con las resoluciones de protección dictadas en favor de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta aclara que no creará nuevas estructuras burocráticas, plazas ni organismos adicionales. Las acciones de protección se atenderán mediante la infraestructura y personal administrativo existente, priorizando la coordinación entre las autoridades educativas, de seguridad, de derechos humanos y las instancias de protección a la infancia.
