Establece medidas temporales y emergentes, cuando exista riesgo a su integridad física, psicológica, laboral o profesional
Mexicali, BC.- La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa por la que se crea la Ley de Protección al Entorno y los Derechos del Magisterio y del Personal Educativo de Baja California.
Su objeto es establecer mecanismos de protección institucional, acompañamiento jurídico y atención integral, para las personas trabajadoras del sector educativo que enfrentan situaciones de violencia, acoso, hostigamiento, denuncias o señalamientos que sean determinados como dolosos o infundados.
Esto mediante resolución firme, garantizando su integridad física, emocional, psicológica y profesional, así como el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos laborales, sin menoscabar los derechos y la protección de la niñez y adolescencias.
Se estructura en cinco títulos: el primero contiene las disposiciones generales, definiciones y principios rectores; el segundo consagra los derechos de las personas trabajadoras del sector educativo y los mecanismos de protección, incluidos los protocolos de actuación, las medidas de protección y salvaguarda institucional, el procedimiento de atención de quejas y denuncias, así como el régimen de confidencialidad.
El título tercero regula la violencia digital y la corresponsabilidad de la comunidad escolar; el cuarto establece el tratamiento de las denuncias dolosas o infundadas, incluida la vista al Ministerio Público y las medidas restaurativas; y el título quinto prevé el apoyo institucional y la coordinación interinstitucional.
Cabe destacar que la presente propuesta, no pretende limitar el derecho de denuncia ni obstaculizar la atención de casos legítimos relacionados con violencia escolar o conductas indebidas.
Por el contrario, busca garantizar equilibrio, legalidad y justicia, protegiendo tanto los derechos de las víctimas —incluidas, en su caso, niñas, niños y adolescentes— como los derechos del personal educativo involucrado.
En Baja California, docentes y organizaciones sindicales, han manifestado la necesidad de contar con herramientas legales que permitan proteger tanto los derechos laborales como la integridad personal y profesional del magisterio y del personal educativo.
Por ello, la presente iniciativa, se formula en pleno reconocimiento del marco jurídico ya vigente en la materia, con el propósito de que la Ley PROTEM opere como un instrumento complementario y coordinado —y no paralelo o contradictorio— respecto del orden jurídico estatal y general aplicable.
La iniciativa plantea la creación de medidas de protección temporal y emergente para las personas trabajadoras de la educación, cuando exista riesgo a su integridad física, psicológica, laboral o profesional.
