Percepciones / Edición 11 – 2026.- En medio de definiciones partidistas, el Ayuntamiento de San Quintín continúa con nuevas controversias. Por un lado desde presidencia y su círculo cercano insisten en la propuesta de destinar 12 millones de pesos para un archivo inmobiliario (anteriormente bajo el rubro de asesorías legales), mientras que en los últimos días se volvió viral el caso de investigaciones internas y procedimientos sancionatorios al oficial que detuvo al hijo de la alcaldesa de San Quintín.
En el primer caso se encuentra la controversia presupuestal impulsada desde la administración de la presidenta MIRIAM CANO NÚÑEZ. La intención de destinar 12 millones de pesos para la creación y gestión de un archivo inmobiliario municipal levantó sospechas en el Cabildo. Para la oposición y los sectores críticos, la cifra resulta desproporcionada frente a las carencias prioritarias que padece la demarcación, como la falta de pavimentación, agua potable, alumbrado público, retraso a pagos de proveedores y combustible para la operatividad diaria.
Las diferencias sobre este paquete presupuestal encendieron las alarmas en el ayuntamiento. Tras la negativa y la resistencia de regidores que votaron en contra de las modificaciones presupuestales propuestas por la alcaldesa, la respuesta política no se hizo esperar. En el plano institucional se denunciaron bloqueos operativos y presiones administrativas contra quienes se opusieron a avalar el proyecto, principalmente con el regidor ARNULFO SILVA MARTÍNEZ y su equipo.
En el mismo sentido, las justificaciones emitidas por presidencia, mismas que no pierden oportunidad de promover, generaron la reaparición del ex presidente del Concejo Municipal Fundacional, JORGE LÓPEZ PERALTA. Más de uno ya captó las indirectas, y muy seguramente, surgirán nuevas justificaciones para minimizar sus argumentos.
La tensión en el Cabildo no ocurre de forma aislada. La percepción de un ejercicio punitivo del poder se acentuó tras los hechos ocurridos a principios de febrero en las instalaciones municipales, donde manifestantes sostenían un plantón de protesta.
Recordamos que durante un altercado en el sitio, Erick, hijo de la alcaldesa, arribó al centro de la protesta, lo cual generó una confrontación con algunos manifestantes. Elementos de la Policía Municipal intervinieron en el lugar y detuvieron al joven y procedieron con el proceso correspondiente.
A pesar de que la intervención policial respondió al cumplimiento del deber, el costo para el uniformado fue inmediato. Debido a que enfrentó investigaciones internas y procedimientos sancionatorios, parece ser que la situación derivó en un mensaje alarmante hacia el cuerpo de seguridad pública: la ley se aplica, excepto cuando vulnera al entorno cercano del poder.
San Quintín atraviesa un momento crítico en su consolidación como municipio. Entre partidas millonarias cuestionadas, represalias políticas en el Cabildo y corporaciones policiales amedrentadas, la ciudadanía observa cómo los vicios del viejo presidencialismo se replican a nivel local. Y seguramente en ambos casos la historia está lejos de acabar.
