Plantea que informen las acciones contempladas en el Plan de Justicia para el municipio
San Quintín, BC.- Ante la crisis hídrica en la región, la diputada Montse exhortó a los titulares de la CONAGUA y CESPE para que informen y agilicen los acuerdos de infraestructura y regularización del suministro establecidos en el Plan de Justicia para San Quintín.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, en la sesión ordinaria de este jueves, la diputada del Distrito XVII emitió su proposición dirigida al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López; al Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California, Manuel Guerrero Luna, y al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Alonso Centeno Hernández.
Refirió que en un espíritu de colaboración institucional, procedieron a informar y agilizar el cumplimiento de los acuerdos de infraestructura y regularización establecidos en el Plan de Justicia, alineándose a las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en beneficio de los pueblos yumanos, cochimí y todas las comunidades indígenas residentes en el municipio.
“Es fundamental precisar que este Plan de Justicia no debe entenderse como una serie de promesas aisladas o limitadas, sino como un mandato ético y político que nos obliga a transformar de raíz la relación entre el Estado y la totalidad de los pueblos originarios que convergen en nuestra tierra”.
“San Quintín es hoy un crisol de identidades indígenas. Si bien somos la cuna de las naciones Yumanas y Cochimí, también somos el hogar de miles de hermanas y hermanos de comunidades indígenas residentes que, provenientes de diversas latitudes del país, han echado raíces en este municipio”, comentó.
La legisladora también planteó que durante años, la población de San Quintín ha sido testigo de cómo el agua ha sido tratada como una “mercancía” y no como un derecho humano. “Nuestras comunidades nativas y residentes han visto disminuir sus mantos acuíferos y han enfrentado trabas burocráticas interminables para regularizar sus pozos o acceder a redes de distribución dignas”.
También destacó que el Plan de Justicia Hídrica significa que las misiones ancestrales y los nuevos asentamientos obtendrán la infraestructura técnica y el respaldo legal para gestionar su propio recurso vital. “No se trata solo de tuberías y bombas. Se trata de la soberanía sobre la vida misma y del fin del acaparamiento que ha dejado sedientas a nuestras familias indígenas”.
Ante esto, consideró que los tiempos de la burocracia no pueden seguir ignorando los tiempos de la necesidad humana, «no podemos permitir que el agua siga siendo una promesa de papel mientras nuestras comunidades rurales e indígenas luchan diariamente por el acceso básico al recurso».
La proposición fue aprobada por mayoría del Pleno del Congreso, tras lo cual los legisladores Michelle Tejeda y Jorge Ramos solicitaron sumarse al tema.
