El sector exige correcciones inmediatas por riesgos en ciclos productivos, contratos y continuidad operativa
Ensenada.- El Consejo Agrícola de Baja California afirmó que el dictamen federal de reforma hídrica deja sin regulación funciones operativas indispensables para la agricultura en zonas costeras, donde la sobreexplotación histórica, el abatimiento sostenido y la intrusión salina requieren reglas diferenciadas que no fueron incluidas.
El organismo sostuvo que la reforma no atiende elementos mínimos para garantizar continuidad productiva y certeza jurídica en regiones agrícolas estratégicas.
Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo, señaló que el dictamen mantiene una estructura normativa que no reconoce las condiciones específicas de acuíferos costeros como Ensenada y San Quintín.
Indicó que la falta de lineamientos técnicos para estas zonas deja sin marco federal la gestión de volúmenes, la estabilidad de títulos y la operación de pozos, aun cuando estas regiones sostienen parte de la producción hortícola y agroexportadora nacional.
Solorio Meza afirmó que la reforma no incorpora criterios para transmisiones provisionales de volúmenes, una figura necesaria para productores que enfrentan variaciones climáticas, restricciones temporales o excedentes operativos.
Explicó que esta omisión impide realizar ajustes entre usuarios, limita la eficiencia en distritos y programas federalizados y deja sin sustento legal actividades que requieren flexibilidad. Según el análisis sectorial, este mecanismo evita desperdicios, garantiza legalidad en aprovechamientos y permite movilidad del recurso de acuerdo con las condiciones productivas .
El dirigente agregó que el dictamen tampoco integra parámetros para cambios de uso, redistribución, relocalización o reposición de pozos, a pesar de que estas variaciones forman parte de la operación regular en zonas con sobreexplotación severa.
Señaló que eliminar estos derechos restringe la posibilidad de ajustar riegos, rediseñar volúmenes o modificar características técnicas cuando las condiciones ambientales o productivas lo exigen. El documento técnico establece que suprimir estas facultades generaría mayor desregulación y limitaría la capacidad de respuesta de los usuarios ante variaciones de campo .
En materia de prórrogas, Solorio Meza señaló que la reforma omite establecer la afirmativa ficta, necesaria para evitar rezagos administrativos que puedan dejar sin vigencia los títulos por falta de resolución. Afirmó que los productores requieren certidumbre sobre la continuidad de sus concesiones para planear cultivos de largo ciclo y cumplir contratos de exportación que dependen de volúmenes garantizados. El análisis del sector indica que, sin este mecanismo, el riesgo operativo se amplía por la posibilidad de afectaciones derivadas del silencio de la autoridad .
Respecto de las sanciones, el Consejo destacó que el dictamen mantiene figuras genéricas que no diferencian entre variaciones autorizadas y cambios indebidos. Solorio Meza advirtió que esta redacción puede generar sanciones por acciones que cuentan con solicitud o autorización en trámite.
El análisis técnico propone que la legislación establezca con claridad que las sanciones solo proceden cuando las modificaciones ocurren sin autorización expresa de la autoridad del agua, congruente con los derechos de los concesionarios a solicitar cambios operativos .
El presidente del organismo añadió que la reforma no incluye disposiciones sobre recarga artificial, obras de control de intrusión salina, uso de agua de mar o desalación, aun cuando estos instrumentos son indispensables en acuíferos costeros. Indicó que la omisión afecta directamente la planificación hídrica multianual requerida en la región noroeste y restringe la capacidad de mitigación frente al avance sostenido de la intrusión.
El Consejo también señaló que el dictamen mantiene amplios márgenes de discrecionalidad en reasignaciones de volúmenes y transmisiones por sucesión, debido a la ausencia de criterios técnicos para evaluar solicitudes en zonas con sobreexplotación severa. Expuso que esta falta de parámetros limita inversiones en tecnificación y dificulta la continuidad de cultivos que requieren estabilidad hídrica certificada.
Solorio Meza afirmó que la reforma no incorpora mecanismos de verificación técnica independiente para sustentar sanciones o determinar infracciones en mediciones, volúmenes o descargas. Agregó que, sin evaluaciones de campo, la imposición de sanciones puede ocurrir sin evidencia técnica verificable, situación incompatible con la operación de acuíferos costeros donde cada variación requiere diagnósticos específicos.
El dirigente puntualizó que el dictamen ignora la situación crítica de los acuíferos de Ensenada y San Quintín, ambos clasificados desde hace años como sobreexplotados y con procesos activos de intrusión.
Puntualizó que, al no integrar reglas diferenciadas para estas regiones, la reforma limita la capacidad de planear ciclos agrícolas, afecta contratos vigentes y reduce la competitividad exportadora del estado.
