Eleva las penas de 6 a 15 años de prisión por el delito
El senador Armando Ayala Robles celebró la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma trascendental que fortalece la capacidad del Estado para combatir uno de los delitos que más afecta a familias, comercios y sectores productivos del país.
La nueva legislación, avalada por amplia mayoría, eleva de manera significativa las penas por extorsión —pasando de 6 a 15 años de prisión como mínimo— y permite que el delito sea investigado de oficio, lo que facilitará la intervención de las autoridades incluso sin denuncia formal. Asimismo, se crea un marco jurídico unificado para las 32 entidades federativas, cerrando brechas legales que antes dificultaban su persecución.
Ayala Robles destacó que esta reforma brinda herramientas sólidas para proteger a las víctimas, incluyendo mecanismos de denuncia anónima y la obligación de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas para atender este delito. Subrayó que también se fortalecen leyes como el Código Penal Federal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, reforzando la coordinación institucional.
Otro punto relevante es que los recursos obtenidos mediante extinción de dominio se destinarán preferentemente a la reparación del daño, garantizando apoyo real a quienes han sufrido extorsión.
El senador afirmó que esta nueva legislación representa “un paso firme hacia un país más seguro, donde la justicia y la protección de las víctimas sean prioridad”. Reiteró su compromiso de impulsar que esta ley se implemente de forma eficaz en beneficio de todas las comunidades.
