Critican diputados y diputadas las observaciones detectadas en los tres años
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín.- En sesión del Pleno, el Congreso de Baja California confirmó la reprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, además de solicitar la implementación de procedimientos sancionatorios.
Correspondió a la diputada del Distrito XVII, Dunnia Montserrat Murillo López, leer el dictamen número 145, en el cual comentó que el 30 de mayo del presente año la Auditoría Superior del Estado remitió el informe individual del Concejo Municipal Fundacional del 2023, tras lo cual fue abordado en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.
Murillo López consideró “complicada” la situación de San Quintín, en la cual refirió que la inconformidad es palpable, tanto en la ciudadanía como en el sector empresarial. Planteó que la anterior titular de Sindicatura fue ignorada en sus investigaciones, por lo cual solicitó al actual Síndico, Pablo Guerrero, para que “tome cartas en el asunto, haga lo propio, que no se oculte tras una carpeta sucia o que busque esconderla”.
En el mismo sentido, la diputada mencionó que la cuarta cuenta pública del Concejo Fundacional también presenta irregularidades, misma que es compartida con los primeros meses del Primer Ayuntamiento. Sin embargo, adelantó que ya han detectado actos e incidencias similares.
En el mensaje añadió que Auditoría Superior debe implementar medidas para sancionar, tras confirmarse que no han iniciado ninguna denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía General del estado, “que se obtengan las sanciones para estos ciudadanos que le fallaron al cargo y que hoy en día siguen buscando trabajar para y por nosotros cuando ya demostraron lo incompetentes que son”.
Ante esto, durante el debate generado, el diputado Diego Echeverría recordó que en el 2021 y 2022 también reprobaron las cuentas públicas del Concejo, además de enumerar varias de las observaciones destacables.
Echeverría enumeró algunas de las observaciones: falta de experiencia en los procesos financieros y manejo de los recursos públicos, arrendamiento de vehículos particulares, bonificación ilegal de fin de año por 135 mil pesos y contratos de adjudicación directa sin licitación. Señaló que fue una “irresponsabilidad” y solicitó que determinen una responsabilidad administrativa para los implicados.
Por su parte, la diputada María Yolanda Gaona comentó que la reprobación de la cuenta pública impacta en la población de San Quintín, acusando falta de transparencia y controles internos en ingresos, nóminas y contrataciones.
También enumeró el uso inadecuado de recursos públicos mediante adjudicaciones indebidas y conflicto de intereses, principalmente en obras destinadas a empresas específicas y en algunas de las ocasiones, inconclusas. De igual manera, acusó desorganización administrativa, incumplimiento normativo y pérdidas económicas con “ahorros” por más de 50 millones de pesos.
En el orden, la diputada Mayté Méndez pidió a los legisladores que intervengan para defender a los municipios que han padecido la situación de San Quintín, mientras que la diputada Alejandrina Corral Quintero compartió otras irregularidades del periodo en cuestión, y cuestionó al actual Síndico Pablo Guerrero para que informe si inició un procedimiento administrativo sancionador.
