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Reafirman Jueces Calificadores compromiso en la implementación de Justicia Cívica: Ayala

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Rechazaron las versiones que señalaban conflictos internos e inconformidades por remuneraciones

Los jueces calificadores del municipio de Ensenada reiteraron al alcalde Armando Ayala su compromiso con el XXIV Ayuntamiento para seguir trabajando en favor de la comunidad con la implementación del Sistema Homologado de Justicia Cívica.

Lo anterior lo manifestaron mediante un oficio que entregaron al presidente municipal, en el que también se deslindaron de supuestas inconformidades y extorsiones que, de manera anónima, se entregaron a diversos medios de comunicación.

Sostuvieron que mantienen una relación profesional, cordial y de total compromiso con su superior jerárquico y con los funcionarios relacionados con su labor pública.

Previo a la emisión del oficio, los jueces calificadores, pertenecientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sostuvieron una reunión con el primer edil, donde abordaron la importancia del nuevo modelo de justicia cívica.

Durante la reunión realizada recientemente, el alcalde Armando Ayala reiteró la importancia del trabajo en equipo ante la inminente implementación del nuevo sistema de Justicia Cívica en el municipio de Ensenada.

El primer edil recordó que será a partir de enero de 2024 cuando se trabajará en la atención a cinco ejes, juzgado cívico, audiencia pública, policía cercana a la ciudadanía, medidas para mejorar la convivencia y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Además, reconoció a los servidores públicos por el empeño y dedicación en este tema, en el que se han estado capacitando de manera profesional para brindar a las y los ensenadenses un servicio de calidad.

“Policías y jueces calificadores principalmente han participado. Estamos trabajando de la mano de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)”, manifestó.

Por último, Ayala Robles recordó que la justicia cívica traerá beneficios a la comunidad, porque tendrá la oportunidad de pagar sanciones administrativas con trabajo social, en lugar de hacerlo de manera económica o con horas de arresto.