Exhortaron a las autoridades ante quejas de víctimas a las que se les rechazan y obstaculizan denuncias formales
Ante quejas de víctimas de violencia familiar, violencia vicaria, tentativas de homicidio, entre otras, contra autoridades que obstaculizan, rechazan u obstruyen denuncias formales, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a autoridades de todos los niveles de gobierno, para que garanticen que las medidas de protección y cautelares sean eficaces para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.
El exhorto, que fue promovido por la diputada de Morena María del Rocío Adame Muñoz, se le envió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, a la Fiscalía General del Estado y a los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública en los diferentes Ayuntamientos de la entidad.
La diputada Adame Muñoz citó como antecedente, que el 16 de este año 2023, Baja California se convirtió en la entidad número 19 en aprobar la tipificación de la violencia vicaria, con lo que se sancionará a los padres que utilicen a los hijos o dependientes económicos como medio para hacerle daño a la mujer. Previamente se aprobaron por unanimidad las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer este delito.
Sin embargo, comentó la legisladora inicialista, “se han acercado a su servidora, diferentes organizaciones de la sociedad civil que buscan la protección del derecho de las Madres, Niñas, Niños y Adolescentes a una Vida Libre de Violencia, manifestando que sieguen siendo violentadas en sus derechos al no tener acceso a la justicia de manera eficiente, pronta y expedita por parte de las diversas instituciones”.
Añadió que al momento de denunciar delitos relacionados con Violencia contra las Mujeres, Violencia Familiar, Violencia Vicaria o tentativas de Feminicidios, calculan que sólo a una de cada cuatro mujeres se les levanta la denuncia, notando un claro patrón por parte de las autoridades correspondientes a reclasificar los delitos en el agravio de las mujeres denunciantes, y peor aún, cuándo niñas, niños y adolescentes son parte de esta violencia, se les niega darles calidad de víctimas, exponiéndoles al peligro de convivir con un agresor, siendo el caso de que algunas veces no se otorgan medidas cautelares, lo cual pone en riesgo su integridad.
Agregó que las autoridades no les dan certeza a las víctimas, ya que muchos agentes no tienen capacitación, lo que dejan patente al no dar una valoración o canalización adecuada a las denuncias.
Otro problema es que los geolocalizadores que portan los agresores, se ha documentado y demostrado que no emiten señal alguna cuando el agresor se acerca a la víctima. Los informes de los geolocalizadores son ineficientes y por más pruebas que presentan las víctimas del incumplimiento de las medidas y que a su vez la Unidad de Medidas Cautelares trasladan esas quejas a los jueces, estos las minimizan.
Abundó que las medidas de protección y cautelares son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas medidas pueden incluir órdenes de restricción, alejamiento del agresor, asistencia legal, apoyo psicológico y económico, entre otras. Sin embargo, su eficacia y eficiencia son cruciales para su impacto real.
Por lo anterior, concluyó, “es esencial que nuestras autoridades tomen medidas concretas para garantizar la eficacia de estas medidas de protección y cautelares en todos los casos de violencia de género”.
