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Rechaza el Consejo Agrícola de BC actos violentos durante manifestación de jornaleros

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Confiamos en que la autoridad trabaje con las empresas que incumplan la ley: Walberto Solorio

Sobre los bloqueos realizados por un grupo de personas durante dos días en el Tramo de la Muerte, en el Consejo Agrícola de Baja California (CABC) reconocemos los derechos de los trabajadores del campo y confiamos en que la autoridad, trabaje y se coordine con las empresas que incumplan la ley, para salvaguardar los derechos de los trabajadores, señaló el presidente del organismo, Walberto Solorio Meza.

A través de un comunicado, Solorio Meza reprochó todo acto de violencia contra los trabajadores agrícolas, así como contra la sociedad en general, “reconocemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, siempre y cuando no se atente contra los derechos de terceros”, refirió.

La comunidad en Maneadero, dijo, ha vivido una etapa los últimos dos años, de altísimo desgaste por los temas de movilidad, muchos incluso han perdido su trabajo por las demoras en los tiempos por los trabajos que se llevan a cabo en ese tramo, por lo que acentuar la problemática con bloqueos, ha generado graves complicaciones a miles de familias.

Solorio Meza informó que tanto las empresas como los empleados que integran al CABC, son auditadas por las autoridades federales y estatales de manera periódica, sustentando la legalidad en la que se desarrolla su actividad, en donde además tienen libertad sindical, es decir, pueden colaborar con el sindicato que consideren pertinente.

En el CABC, además de ofrecer todas las prestaciones de Ley, se pagan los salarios establecidos por la autoridad, ni un peso menos, dijo. Asimismo, explicó que en los contratos que tienen las empresas que integran el Consejo con empresas del extranjero, por cláusulas específicas, para poder ser proveedores, deben cumplir con leyes establecidas desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y los organismos laborales internacionales.

“Confiamos en que las autoridades pertinentes acuerden lo necesario, y que haya la responsabilidad social suficiente para entender que lastimar el derecho de terceros, no debe de ser la fórmula para tratar de generar resultados”, puntualizó.