El contrato adjudicado a esa empresa es ilegal: Echavarría Ibarra, Briceño Cinco y Corral Quintero
Diputados del grupo parlamentario del PAN anunciaron en conferencia de prensa que presentarán una denuncia penal contra la empresa ROMAFAN, S.A. también conocida como FISAMEX, y contra funcionarios de los organismos operadores de agua de la administración (2020-2021) de Jaime Bonilla Valdez.
En la conferencia, los legisladores entregaron copias de un reporte de Auditoría Superior del Estado que se practicó al contrato de servicios que pactó la anterior administración estatal del ex gobernador Jaime Bonilla, con el aval de los consejos consultivos de los organismos operadores de agua.
En dicho documento, “se señala que ese contrato fue irregular e ilegal, que no se justificaba, que fue oneroso y que más que cobros por servicios de agua (consumos, derechos de conexión, entre otros), se convirtieron en actos de extorsión contra empresarios”, expresaron.
El diputado Diego Echevarría Ibarra, junto con las diputadas Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Santa Alejandrina Corral Quintero, informaron que derivado del reporte de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso del Estado debe dar vista a la Secretaría de Honestidad del Estado y esta a su vez presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de Baja California, ante la presunción de diversos delitos como abuso de autoridad, uso indebido de funciones y hasta extorsión.
Dieron a conocer que en el periodo 2020-2021 en que actuó FISAMEX, realizaron cobros hasta por 1 mil 810 millones de pesos. Del total cobrado la empresa Fisamex se llevó 354 millones de pesos de comisiones en razón del 20 por ciento del monto total cobrado. Fisamex, añadieron, ni siquiera hizo trabajo de campo, todo lo basó en trabajo de escritorio, lo que también violó cláusulas del contrato que obtuvieron.
No se justifica ese pago de 354 millones, señalaron los diputados panistas. Las comisiones de agua con sus propios medios y personal pudieron haber hecho el cobro. Hasta pagando a sus empleados horas extras no se hubiera desembolsado tanto dinero. Con lo pagado a FISAMEX se hubieron dado mantenimiento mayor al acueducto Río Colorado o realizar muchas otras obras y hasta evitar el aumento anual en taridas de agua, aseguraron.
Pero por encima de eso, se trata de cobros que caen en lo ilegal, no debieron haberse realizado bajo eses procedimientos y menos haberse adjudicado contrato de servicios en forma directa como se hizo, debió darse una licitación pública y bajo otros términos, ajustados a la ley.
Los legisladores informaron que distintos empresarios que se sintieron afectados por los cobros, recurrieron a juicios y han logrado sentencias a su favor. El Estado tendrá que devolver un total hasta ahora de 234 millones de pesos, más lo que se acumule.
Echevarría Ibarra desatacó que el congreso como institución ha dado seguimiento a todo este tema de Fisamex, aprobado distintos acuerdos y debería mantener su seguimiento como lo ha hecho hasta ahora. Como Grupo Parlamentario actuarán en paralelo con una denuncia penal y recurrirán ante todas las instancias que sean posibles hasta que se resuelva de fondo el tema.
