También se extingue el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de BC
El Pleno del Congreso aprobó dos iniciativas presentadas por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, una tiene como fin imponer pena de prisión a quienes realicen un procedimiento quirúrgico de especialidad médica sin contar con la debida certificación, y la otra; abrogar la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, por estimarse que ya cumplió con su objeto social.
Con respecto a la primera proposición, se establece en el Código Penal de B.C. en sus artículos 260 y 269, una pena de prisión de seis meses hasta seis años, a los médicos que usurpen funciones, cuando lleven a cabo una cirugía especializada sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente otorgado por el Consejo de Especialidad Médica correspondiente.
Dicha certificación deberá estar reconocida conforme a la Ley General de Salud y corresponder a la rama médica de la que derive dicho procedimiento, de no cumplir con estos requisitos, también se inhabilitará a los doctores para ejercer la profesión médica, por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, así quedó manifestado en el Dictamen No. 58, que dio lectura la diputada Evelyn Sánchez Sánchez.
En ese contexto, se insiste en que las reformas planteadas no persiguen criminalizar el acto médico, sino castigar las malas prácticas médicas y, en consecuencia, proteger la salud de los bajacalifornianos, de los habitantes de otros Estados y de los extranjeros que acuden a nuestro Estado con el propósito de recibir atención médica.
Por otro lado, dentro del mismo proyecto se propuso la adición de 3 numerales al artículo 19 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, para la creación de una Comisión de Vigilancia, encargada de solventar las necesidades materiales, humanas y económicas de las Instituciones de Salud, para garantizar que la práctica médica se realice con los insumos y condiciones requeridas para la atención de la población.
El diputado Juan Manuel Molina García, fue el responsable de presentar ante la Asamblea el Dictamen No. 56, el cual contiene la diversa iniciativa, que abroga la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, y de manera colateral dotar de atribuciones en materia ambiental al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, con el fin de prevalecer la tutela a los derechos humanos a la movilidad y al medio ambiente sano.
Lo anterior también se votó a favor por unanimidad de las y los legisladores, ya que, a raíz de los Decretos expedidos por el Gobierno de la República, en materia de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es el Ejecutivo Federal el que toma la conducción del registro y regularización de dichos vehículos, con apoyo del Ejecutivo Estatal.
