Otorga Juez dos meses de plazo para la investigación complementaria
Como resultado de las pruebas presentadas ante la autoridad juzgadora, el Ministerio Público acreditó la presunta responsabilidad de Miguel Ángel “N”, Adrián Arturo “N”, Sergio “N”, Pedro “N”, y Jesús Humberto “N”, en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, en contra de dos personas.
La Fiscalía Regional de Tijuana, con base a los elementos de prueba recabados, así como con el apoyo de la declaración de las víctimas, logró que los hoy detenidos fueran puestos bajo prisión y vinculados a proceso durante los dos meses que el juez otorgó para la investigación complementaria.
De la investigación se desprendió que, el pasado 27 de enero en el fraccionamiento Linda Vista de esta ciudad, Miguel Ángel “N”, Adrián Arturo “N”, Sergio “N”, Pedro “N”, y Jesús Humberto “N”, tenían privada de la libertad a dos personas a quienes las despojaron de sus celulares, además de amarrar sus manos para que no pudieran escapar o llamar a las autoridades.
Tras la intervención del domicilio por parte de la autoridad municipal, se logró el aseguramiento y posterior liberación de las víctimas. Por lo que una vez que la Fiscalía Regional tuvo conocimiento de los hechos, procedió a dar inicio a la investigación de este caso que tuvo como resultado la vinculación a proceso de los cinco imputados.
Presuntamente, los detenidos, tuvieron privados de la libertad a sus víctimas por un poco más de una hora, hasta que intervinieron elementos policiacos que se encontraban en la zona.
Tras celebrarse la audiencia inicial el pasado 30 de enero, y luego de que los imputados solicitaron una ampliación de término constitucional, el día 3 de febrero el juez a cargo del caso determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público, las pruebas obtenidas en el lugar y la declaración de las víctimas, eran suficientes para que los imputados fueran puestos en prisión preventiva como medida cautelar.
La FGE, seguirá actuando con inteligencia y paso firme, con el objetivo de que las personas que se dedican a dañar a nuestra sociedad sean localizadas, capturadas y llevadas ante la autoridad judicial y de comprobarse su plena responsabilidad reciban la penalidad correspondiente.
