Plantea agravar penalidad cuando se realice a servidores públicos
Con el objetivo de sancionar la modalidad del delito de amenazas públicas, así como agravar la penalidad cuando estas se realicen contra servidores públicos, la diputada independiente Rosy García Zamarripa, presentó iniciativa mediante la cual se adicionan diversos artículos al Código Penal del estado de Baja California.
Durante su exposición de motivos la legisladora García Zamarripa señaló que la seguridad pública en el Estado se muestra socavada todos los días. Y quienes generan violencia y delincuencia, diversifican sus formas y medios para mantener condiciones que les beneficien para delinquir, ello, en detrimento del orden, paz y seguridad de las personas que coexisten en sociedad, aseveró.
Dijo que los medios de comunicación y autoridades han dado cuenta de un sin número de acciones que exteriorizan amenazas públicas que advierten agresiones futuras hacia a la integridad de las personas, especialmente en contra de quienes ostentan cargos gubernamentales con funciones de seguridad y procuración de justicia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Publica aseguró que es necesario considerar la tipificación delictiva de las amenazas en materia de exteriorización pública, ya que busca menoscabar el orden social establecido, generando pánico, inseguridad y miedo en la población, precisó.
Con la presente reforma se plantea que cuando las amenazas se realicen públicamente, mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, o por cualquier medio físico o electrónico se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa por un importe equivalente de cuarenta a ciento veinte unidades de medida y actualización.
También se sancionará a quien elabore, imprima, fabrique, proporcione, o coloque cualquier objeto de los mencionados que contenga mensajes de amenazas en lugares públicos.
Y se impondrá una pena de prisión mayor cuando las amenazas sean contra servidores públicos que laboren en dependencias estatales o municipales y realicen funciones de seguridad pública e impartición y procuración de justicia.
La presente iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia de la XXIV Legislatura para su respectivo análisis y posterior dictaminación.
