Enviaron un exhorto para el titular de la SADER
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a que remueva de su cargo al Director General del Organismo Descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, afirmó la Legisladora Federal, Lizbeth Mata Lozano.
Señaló que dentro del exhorto, se le solicita que informe a la opinión pública los apoyos económicos de los programas en beneficio al campo, que fueron entregados durante el ejercicio fiscal 2020 a los campesinos y campesinas del país.
Lo anterior debe ser de una manera detallada, pues debe incluir la población objetivo, municipios, criterios establecidos y la manera en cómo se dio cumplimiento a las reglas de operación aplicables, así como los procesos de licitación y del control de mercancía y destino final de productos, señaló la Diputada Federal.
Para México, la agricultura representa el principal proveedor de alimentos y un sector vital para el desarrollo del país, sin embargo, no lo es para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues así lo exhibe el portal de noticias “eje central”, en su publicación “ASF Tercera Entrega 2020: Acumula Agricultura anomalías por 127 mdp”.
Esta información, nos hace ver que la secretaría que encabeza Víctor Manuel Villalobos Arámbula, es una de las que más irregularidades presupuestales tiene de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que no han sido aclaradas por la SADER.
El reporte indica que se entregaron casi 80 millones de pesos a beneficiarios sin confirmar; casi un millón de pesos a trabajadores del campo que ya están muertos; así como irregularidades en cuatro programas que superan los 42 millones de pesos, según detectó la ASF.
En relación a ello, para los cuatro programas señalados, se encontró lo siguiente:
Programa de producción para el Bienestar: El pago a 13 mil 783 productores por 79 millones 620 mil 400 pesos, sin contar con las confirmaciones bancarias de que dicho dinero fue entregado.
La SADER, entregó 959 mil 400 millones de pesos a otros 143 productores fallecidos entre 8 y 287 días antes del pago de los apoyos. Esto se suma a la falta de documentación que justifique y compruebe 42 mil millones 623 mil 600 pesos, que es la diferencia entre el presupuesto ejercido en la partida 43101, correspondiente a los Programas Subsidios para la Protección, Productores de Café y Productores de Caña de Azúcar y que se reportó pagado en el padrón de beneficiarios.
Se entregaron más de 18 millones de pesos a personas que no cumplían con los requisitos; 150 expedientes que no cuentan con la información completa y representa más de 84 millones de pesos, así como 4 millones de pesos que no han sido devueltos a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a la ASF, suma anomalías por 127 millones 235 mil 252 pesos pendientes de aclarar.
La ASF identificó 2 mil 547 apoyos por 18 millones 567 mil 800 pesos los cuales no corresponden a la población objetivo por no ser productores de pequeña y mediana escala, tal como lo establecen las reglas de operación que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 7 de febrero de 2020, en el que se emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el Ejercicio Fiscal 2020”.
En la revisión que realizó la ASF, en la última etapa de la cuenta pública 2020, detectaron que la SADER, no lleva un adecuado control del registro de los productores del Programa Producción para el Bienestar, ya que identificaron duplicidad de productores y registros con Clave Única de Registro de Población (CURP), inválida o sin ella, además de proporcionar el acompañamiento a personas que no forman parte del Padrón de Beneficiarios de dicho programa y no cuentan con un mecanismo para identificar cuál fue la estrategia de acompañamiento técnico adoptada por el productor.
150 expedientes de predios y productores beneficiados que engloban la entrega de apoyos por 837 mil 700 pesos de los que no se documentó con uno o más de los tres documentos que son relevantes para el otorgamiento de los apoyos directos tales como la ubicación geográfica del predio, la acreditación de la propiedad del terreno y la CURP del productor beneficiado.
Por otra parte, la ASF, también encontró inconsistencias por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), que integra la cadena de tiendas Diconsa y Liconsa y opera el programa Precios de Garantía, que tiene irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos y que no ha aclarado el destino de estos recursos. De esta cantidad, SEGALMEX tiene pendiente justificar el gasto de 5 mil 640 millones de pesos, mientras que Diconsa no ha informado sobre 1,413 millones y por su parte Liconsa de 1,583 millones de pesos.
Cabe señalar, que tan solo los gastos de operación, entre 2019 y 2020, crecieron 186.4 por ciento con un total de 3 mil 289 millones de pesos, lo que equivale a una tercera parte de los subsidios entregados e impactaría en el cumplimiento del objetivo del programa de precios de garantía, también señalado en el informe general de la ASF, según señala la Jornada, en su publicación “Anomalías múltiples en SEGALMEX por 8.6 mil mdp: ASF”.
De las cinco auditorías de cumplimiento, desempeño y una de ellas forense realizadas a SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, se desprende que hubo un pago por mil 352 millones de pesos por maíz, arroz y trigo a medianos productores sin las facturas correspondientes.
Por otra parte, los documentos muestran que en los inventarios de maíz hubo una diferencia por 185 millones de pesos en los pagos y en tres contratos por 909 millones de pesos no se comprobó la prestación del servicio.
No se acreditó la recepción de pesticidas por 49 millones de pesos; se hicieron pagos por 9 millones a contratos fuera de vigencia; no se registró la entrada a almacenes de productos de la canasta básica por un monto de 4 millones de pesos; “no hubo boletas de recepción y liquidación” de productores de maíz por un monto de 531 millones de pesos, y 190 millones de productores de frijol.
Además, la Auditoría Superior de la Federación, refirió que SEGALMEX no acreditó con documentación que los recursos transferidos a LICONSA por 445 millones de pesos correspondieron a 520 millones de litros de pequeños y medianos ganaderos y no se pudo identificar a los beneficiarios.
Pago alrededor de 2 mil 650 millones a medianos productores de maíz, arroz y trigo sin que se precisará cuál fue la normativa para otorgar el subsidio, lo que quiere decir, que la SEGALMEX, no se apegó a lo disponible en la Normatividad.
En lo que respecta a DICONSA, se encontró que en cinco almacenes hubo productos cárnicos caducados o en mal estado como se mencionó anteriormente, por un valor de 4 millones de pesos, no acreditó el proceso de planeación para adquisiciones y tampoco probó la prestación de servicios por 180 millones.
Lizbeth Mata explicó que los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, no pueden dejar de lado las inconsistencias suscitadas en dicho informe y que los campesinos queden en el abandono, sin apoyos ni recursos, y que la corrupción siga ganando terreno, por lo que tanto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), como Seguridad Alimentaria de México (SEGALMEX), aclaren de manera pronta y expedita esta situación, por lo que se exige se tomen las medidas necesarias para destituir de su cargo al Director General de SEGALMEX.
