En su iniciativa de Ley plantea protegerlos, para que no sean vulnerados sus derechos
Las personas con discapacidad se encuentran en una situación desigual, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por incluir en la agenda pública, legislaciones en favor de la protección de los derechos hacia este sector poblacional, señaló el diputado Román Cota Muñoz.
La inserción de la infancia con esta condición, es uno de los temas pendientes a tratar, expuso el congresista al presentar por la vía de Oficialía de Partes, una Iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado, para efecto de integrar a los menores de edad y neonatos en el Registro Estatal de Personas con Discapacidad.
Según dijo el legislador, la presente iniciativa resulta del interés de proteger al menor de este sector poblacional de Baja California, desde el momento de su nacimiento hasta su mayoría de edad, para que se encuentren integrados en el citado registro.
Agregó que: “Si bien, no seg distingue en la Ley, desde qué edad se deberá ser ingresado en dicho Registro, creemos conveniente que se plasme con claridad el derecho de los menores en éste, con la finalidad de que no se encuentren vulnerados los derechos y siempre garantizando el interés superior de los niños, niñas y jóvenes del Estado”.
Mencionó además en su exposición de motivos, que la intención de la reforma que presenta, se encuentra acorde con lo que estipula el Artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Luego citó que Organismos Internacionales con injerencia en la situación, han propuesto la inclusión de este sector social en la agenda prioritaria referente a la niñez y la discapacidad, con la finalidad de que los Estados formulen e instrumenten una política que promueva la igualdad de condiciones de estas personas ante la sociedad.
Resaltó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recalca que, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, son uno de los grupos con mayor marginación y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada, en comparación con sus pares sin discapacidad, por lo cual tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, y cultural.
El mismo organismo expone dentro de los acuerdos derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la obligación de los Estados miembros de asegurar la aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna.
Finalmente, Román Cota puntualizó: “Ya establecido que, el interés superior de la niñez debe ser uno de los principios rectores más importantes del marco legislativo, la protección al menor, debe establecerse”.
