Diputados de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión avalaron la iniciativa
En los últimos años se registra un crecimiento en el mercado de medicamentos apócrifos, lo que afecta de manera directa la salud de los ciudadanos, a la industria farmacéutica y las arcas del erario, explicó la Diputada Federal de Baja California, Mónica Palomarez Ching.
Mencionó que cada vez son más quienes buscan medicamentos de bajo costo, exponiéndose al riesgo de adquirir medicinas adulteradas, falsificadas, contaminadas o caducadas.
La Legisladora comentó que se tiene identificado que el comercio ilegal de medicamentos proviene de muestras médicas, medicinas falsas y caducas, robo hormiga en instituciones de salud públicas, así como el hurto al transporte privado, información que se detalla en el proyecto presentado.
Dicho documento, agregó, fue aprobado de manera unánime en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, mismo que se basa en una iniciativa presentada por legisladores de la bancada del PAN y del PRD, tiene como objetivo implementar sanciones severas.
Los riesgos potenciales por la compra de medicamentos apócrifos van desde la ausencia o baja concentración del fármaco, la falta de calidad en su administración, la sustitución de una sustancia activa por otra, medicamentos con activos no autorizados, presencia de impurezas tóxicas y contaminantes, medicamentos caducos, envenenamiento o toxicidad por consumo, entre muchas otras.
Además, las medicinas obtenidas de manera ilegal, se depositan o almacenan en lugares que no cuentan con las condiciones adecuadas para su conservación, y aunque su precio de venta en internet o negocios ambulantes es mucho menor, los riesgos para la salud son muy grandes, enfatizó.
De acuerdo a la información que reúne este proyecto legislativo, destaca que la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) ha señalado que la venta de medicamentos ilegales representa el 9 % (16 mil 650 millones de pesos) del mercado de medicinas y fármacos en México.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo al sector farmacéutico representó el 5% del total de este delito en el tercer trimestre de 2020. Reportes señalan que durante la pandemia, el robo de medicamentos se disparó y el valor del mercado negro puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares.
Cofepris, por citar solo un ejemplo, ha reconocido que entre los medicamentos robados se encuentran: daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbazina, mitomicinas, etoposido, idarubicinas, ciclofosfamida. Ante lo cual, la institución de regulación sanitaria explica que, en los productos reportados como robados, no se garantiza la calidad y seguridad, ya que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte.
La legislación vigente contempla sanciones que no desincentivan las conductas ilícitas en el mercado de medicamentos, por lo que se requiere de penas más severas para los delincuentes. Además, se requiere tipificar adecuadamente este delito, a fin de evitar la impunidad.
Por lo anterior, el dictamen que aprobó la Comisión de Salud busca fortalecer las disposiciones que establecen las sanciones a los diversos delitos que se presentan en el mercado ilegal de medicamentos, incrementado las penas contenidas en el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, de la siguiente manera:
- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones: se le aplicará una pena de cinco a veinte años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación: se le aplicará una pena de tres a doce años de prisión y multa de cuarenta mil a ochenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, alterados, contaminados, adulterados o caducos o que se encuentran falsificados, le será impuesta una pena de cinco a quince años de prisión y multa de cuarenta mil a ochenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Y finalmente, para combatir el robo y tráfico de medicamentos dentro del sector público se contempla la creación de una nueva tipificación específica del delito en la Ley General de Salud para:
- A quien venda, ofrezca en venta o comercie medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos o muestras médicas, etiquetado para su uso en el sector público o cuyo fin sea su uso en el sector público, se le aplicará una pena de tres a doce años de prisión y multa de cuarenta mil a ochenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Mónica Palomarez, explicó que con la aprobación del dictamen, los legisladores buscan garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que cumplan con el registro sanitario correspondiente y con buenas prácticas de fabricación.
