Es una responsabilidad de todos los servidores públicos cumplir con estos lineamientos para combatir la corrupción: diputada Eva Rodríguez
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que para los servidores públicos establece el Sistema Nacional Anticorrupción, la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Baja California llevó a cabo una capacitación sobre el debido llenado de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses dirigido a los empleados de esta institución.
Correspondió a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Gricelda Rodríguez, dar el mensaje inicial en el que explicó que la Declaración Patrimonial es un instrumento de rendición de cuentas en el cual el servidor público, en un ejercicio de honestidad y transparencia, hace del conocimiento de la autoridad competente los bienes que integran su patrimonio, así como las modificaciones que va presentando el mismo, lo que permite medir su evolución durante el tiempo que duren en su función.
Mencionó que es una responsabilidad de todos los servidores públicos cumplir con estos lineamientos y llevar una labor transparente con la finalidad de combatir la corrupción.
Por su parte el titular de la Unidad de Contraloría Interna, Hugo Cesar Amador Núñez, realizó una amplia explicación del marco jurídico que establece las obligaciones de los servidores públicos a presentar la declaración de situación patrimonial, en la cual detalló las modificaciones y reformas que han sufrido las leyes en la materia, tanto a nivel federal como local.
Mencionó que ahora es obligación de todos los servidores públicos presentar la declaración, a diferencia de años anteriores en que solo los funcionarios de cierto nivel tenían esa responsabilidad.
En la parte práctica de la capacitación, se explicó la manera de llenar los formatos correspondientes a los tres tipos de declaración patrimonial que existen, los cuales son: Declaración Inicial, Declaración de Modificación Patrimonial y Declaración de Conclusión del Encargo.
Los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo tienen de plazo hasta el 31 de mayo para dar cumplimiento a esta obligación.
