Plantea blindar por ley que estos espacios exclusivos sean utilizados únicamente por quienes los necesitan
Mexicali, BC.- Con el propósito de fortalecer la inclusión, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado, para reconocer de manera expresa su derecho al uso exclusivo de los espacios y servicios destinados a este sector de la población.
La propuesta plantea reformar el artículo 5 de la legislación estatal para establecer que los lugares y servicios diseñados para personas con discapacidad, como cajones de estacionamiento accesibles, rampas, espacios preferenciales e infraestructura adaptada, sean utilizados únicamente por quienes los requieren, evitando prácticas que limiten o vulneren su acceso.
La inicialista señaló que la inclusión debe entenderse como un derecho humano fundamental y no como una concesión, por lo que resulta indispensable consolidar un marco jurídico que elimine barreras físicas y sociales que aún enfrentan miles de personas en su vida cotidiana.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 151 mil personas viven con alguna discapacidad visual, motriz, auditiva u otra condición que requiere medidas de accesibilidad y movilidad adecuadas para garantizar su participación plena en la sociedad.
En ese sentido reconoció que, en un paso importante hacia la inclusión, recientemente el Cabildo de Mexicali aprobó que personas con autismo puedan acceder a tarjetas de estacionamiento para discapacidad, conocidas como “Tarjetón Azul”. Sin embargo, refirió que a pesar de los avances normativos en materia de inclusión, persisten conductas que afectan el acceso y aprovechamiento de espacios reservados para personas con discapacidad.
La congresista enfatizó que el reconocimiento expreso de este derecho permitirá fortalecer las acciones de prevención y protección frente al uso indebido de espacios accesibles, además de brindar mayores herramientas a las autoridades para promover una cultura de respeto e inclusión, en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.
