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Continúa revisión de juicio político contra Miriam Cano, no se ha cancelado: Montse Murillo

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Esperan completar el dictamen entre el 15 y 31 de mayo

Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC

San Quintín, BC.- Entre el 15 y 31 de mayo sería el plazo para concluir la revisión completa de la denuncia por juicio político contra la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, y emitir el dictamen correspondiente.

Así lo informó la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, al acudir de invitada al programa matutino de 4to Poder Informativo.

Murillo López indicó que el retraso se ha generado tras la revisión de cada punto del expediente, además de la información adicional que las voceras de los manifestantes ingresaron posteriormente para reforzar los planteamientos.

Explicó que el equipo jurídico del Poder Legislativo de Baja California debe tomar las evidencias y revisarlas de manera detallada. Recordó que en la entidad no había ocurrido un caso similar, por lo cual avalaron la prórroga para evitar inconsistencias legales.

De igual manera, afirmó que como titular de la Comisión de Reforma de Estado no tiene participación en el análisis jurídico, sino que deberá esperar el resolutivo para proceder con la socialización de manera interna, y posteriormente ante el Pleno del Cabildo.  En ese sentido, la legisladora afirmó que valorarán cada una de las observaciones expuestas y confirmadas conforme al análisis jurídico, sin que los colores partidistas influyan en la decisión final.

Fue el pasado 31 de marzo cuando sesionó la Comisión de Reforma de Estado, en donde los diputados integrantes avalaron el plazo para la revisión, mismo que fue ratificado en la sesión del Pleno del Congreso unas horas después.

En su caso, fue el pasado 10 de febrero, tras semanas de manifestaciones, cuando ciudadanos ingresaron la primera denuncia de juicio político contra la alcaldesa Miriam Cano, misma que se fundamentó en señalamientos de presunta corrupción, omisiones administrativas y el uso indebido de recursos públicos.

Los denunciantes aseguraron que contaban con un expediente que incluye pruebas documentales, argumentando que el municipio atraviesa un estado de «abandono» institucional que exige una rendición de cuentas inmediata