Acordaron que enfrentará el juicio en libertad
Mexicali, BC.- En una jornada judicial que se extendió por casi 24 horas, un juez de control del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador Jaime Bonilla.
El actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) es acusado de presuntos delitos cometidos durante su administración (2019-2021).
Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez determinó que existen elementos suficientes para procesar al exmandatario por peculado (desvío de recursos públicos), abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La autoridad judicial señaló a Bonilla Valdez como coautor de los hechos y subrayó que actuó con dolo, es decir, con pleno conocimiento de las irregularidades en la contratación de la empresa Next Energy.
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Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por corrupción en caso «Next Energy»
MEXICALI, BC. – En una jornada judicial que se extendió por casi 24 horas, un juez de control del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez. El hoy dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) es acusado de presuntos delitos cometidos durante su administración (2019-2021).
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Los cargos
Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos suficientes para procesar al exmandatario por:
Peculado (desvío de recursos públicos).
Abuso de autoridad.
Uso ilícito de atribuciones y facultades.
La autoridad judicial señaló a Bonilla Valdez como coautor de los hechos y subrayó que actuó con dolo, es decir, con pleno conocimiento de las irregularidades en la contratación de la empresa Next Energy.
El caso se centra en el contrato firmado durante el mandato de Bonilla para la construcción de una planta de energía solar en el Valle de Mexicali.
Según la investigación, dicho acuerdo comprometía participaciones federales del estado por más de 120 millones de pesos mensuales durante un periodo de 30 años, lo que representaba una carga financiera de aproximadamente 37 mil millones de pesos.
El proyecto no se concretó debido a que el Gobierno del Estado carecía de las facultades legales para otorgar permisos de generación de energía, una competencia exclusiva de la federación.












































