Establece la obligación de las autoridades estatales y municipales, para prevenir, atender, erradicar y sancionar toda clase de violencia
Mexicali, BC.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen número 15 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, orientada a fortalecer el derecho de recibir educación en entornos seguros y libres de violencia.
La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, señala que los centros escolares deben ser espacios seguros donde las y los estudiantes puedan aprender, crecer y desarrollarse sin temor a sufrir atentados que vayan en contra de su estabilidad emocional o física, sin embargo, aún se enfrentan a situaciones de riesgo que pueden poner en peligro su bienestar.
En ese sentido, se reconoce que la reforma atiende una problemática vigente en materia de seguridad escolar, al incorporar de manera explícita el derecho a desarrollarse en espacios educativos libres de violencia, así como la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales de actuar de forma preventiva y correctiva.
Entre los cambios relevantes, se establece que cualquier forma de violencia, incluyendo la que ocurra dentro de los planteles educativos, deberá ser atendida bajo un enfoque integral, reforzando las acciones institucionales para proteger la integridad física, emocional y psicológica de las y los estudiantes.
De igual forma, se adiciona que la educación impartida en el estado deberá garantizarse en un entorno seguro, para consolidar un enfoque de derechos humanos y la obligación del Estado de generar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Además, se encuentra fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación del Estado para que en todas sus decisiones y actuaciones velen y hagan que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.
El Congreso del Estado de Baja California, reafirma su compromiso con la protección y bienestar de las infancias y juventudes, por lo que en ejercicio de sus atribuciones aprobó la iniciativa de reforma a los artículos 45 y 55 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California.
