El movimiento inició para exigir mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín, BC.- Este martes 17 de marzo marca el onceavo aniversario de la movilización de miles de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, un evento que no solo paralizó la producción de hortalizas, sino que puso bajo la lupa internacional las condiciones de «esclavitud moderna» en el campo mexicano.
A más de una década de aquel levantamiento, los ecos del reclamo por salarios dignos y seguridad social siguen resonando en una región que hoy intenta equilibrar su potencia exportadora con la deuda histórica hacia sus trabajadores.
Convocados por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que comenzó en 2015 como un paro de labores escaló rápidamente en una movilización masiva que bloqueó la carretera Transpeninsular en el ejido El Papalote, Sánchez Díaz, Nueva Era, Lázaro Cárdenas, ejido Nuevo Mexicali, Vicente Guerrero, entre otros puntos de San Quintín (en ese entonces el sur de Ensenada).
Los rostros de miles de hombres y mujeres, en su mayoría de origen indígena, dieron la vuelta al mundo exigiendo servicios básicos como agua potable y mejores condiciones laborales: jornadas de ocho horas, mejores percepciones, seguridad social, fin del acoso laboral e intervención real de las autoridades.
Múltiples reportes, denuncias y señalamientos a empresas reconocidas, como Los Pinos, BerryMex y Driscoll´s, se concentraron por cientos de trabajadores. Tras esto, los representantes de la Alianza de Organizaciones iniciaron una jornada de “mesas de negociación” con autoridades y sector empresarial.
Algunas de las exigencias más persistentes fueron el incremento del sueldo diario a 300 pesos, pago de 30 pesos por caja de fresa, pagos adecuados durante la producción y vigilancia real – no simulada – tanto de la Secretaría del Trabajo como de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La movilización no estuvo exenta de violencia. Lo que inició como una protesta pacífica se transformó rápidamente en una jornada de caos y enfrentamientos. Durante los días más críticos, la carretera Transpeninsular se convirtió en un campo de batalla donde se registraron saqueos a establecimientos comerciales, quema de llantas y la destrucción de propiedad privada.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando grupos de manifestantes, superados por la frustración de años de precariedad, arremetieron contra edificios gubernamentales (radiodifusora XEQIN) y la comandancia de Las Misiones. El saldo incluyó patrullas incendiadas, oficinas vandalizadas y comercios saqueados bajo el argumento del desabasto y la rabia acumulada.
En respuesta, las autoridades desplegaron operativos que derivaron en violentos choques. El uso de balas de goma y gases lacrimógenos en las colonias jornaleras fue denunciado por organismos de derechos humanos, quienes documentaron heridos de gravedad y detenciones arbitrarias.
Estos episodios de vandalismo y los enfrentamientos marcaron un punto de no retorno en la relación entre los trabajadores y el Estado, dejando una estela de desconfianza que, a 11 años de distancia, aún puede percibirse en las mesas de diálogo entre las empresas y los jornaleros.
En su caso, con el transcurso de los años, la Alianza de Organizaciones se dividió, con los entonces líderes asumiendo diversas representaciones, incluso de manera momentáneamente en gobierno y en otras actividades ajenas al sector agrícola. Pocos se mantienen unidos en la agrupación.
