Las acciones arrancan desde este lunes 02 de marzo
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín, BC.- De acuerdo con el programa establecido y tras las denuncias por presuntas irregularidades y omisiones, a partir de este lunes 02 de marzo iniciará la auditoría al Primer Ayuntamiento de San Quintín.
Conforme a los acuerdos establecidos por el Gobierno del Estado con manifestantes, la empresa contratada para tal fin es MAZARDS Mexicali S. de RL de CV.
El calendario previsto indica que entre los días 2 y 10 de marzo será la etapa de estudio y evaluación del control interno. Consiste en el conocimiento de los principales eventos sucedidos en el 2025 y la evaluación de los procedimientos de control implementados en la operación de la entidad.
De igual manera, la siguiente etapa, consistente en la planeación de la auditoría, será del 16 al 20 de marzo. Incluyen la determinación de los riesgos existentes y los procedimientos a implementar.
En el mismo sentido, del 23 al 27 de marzo contemplan la programación de los procedimientos de auditoría, mientras que del 30 de marzo al 15 de mayo será la aplicación de las pruebas de cumplimiento, analíticas de verificación, para cada área y sus estados financieros.
Las últimas etapas fueron programadas del 18 al 29 de mayo: cierre y conclusiones sobre la evidencia obtenida, así como la entrega del informe final en las primeras dos semanas del mes de junio.
Como fue acordado después de
manifestación con cierre de oficinas municipales y carretera, la auditoría será hacia las finanzas y procesos administrativos del Primer Ayuntamiento de San Quintín.
El convenio surge como respuesta directa a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas planteadas por los ciudadanos, quienes señalaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
El compromiso establece que la revisión será ejecutada por una instancia externa, garantizando así la imparcialidad en el escrutinio de los estados financieros.
Con este acuerdo, los manifestantes esperan que los resultados de la auditoría sean públicos y se finquen responsabilidades legales en caso de detectarse anomalías.
