Los califica como una incongruencia que contrasta con la carencia de servicios y desigualdad social
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín, BC.- Desde el Pleno del Congreso de Baja California, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López cuestionó los altos sueldos que persisten en el Primer Ayuntamiento de San Quintín, denunciando mal manejo de recursos públicos y una incongruencia por la carencia de servicios básicos y la desigualdad social que persiste en la región.
Durante la última parte de la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora del Distrito XVII emitió un pronunciamiento en el que calificó de “indignante” que mientras la ciudadanía enfrenta múltiples necesidades, algunos funcionarios municipales reciben remuneraciones que resultan desproporcionadas y carecen de una justificación clara y transparente.
Señaló que en San Quintín persiste la falta de infraestructura, salud, seguridad, agua potable, atención a comunidades más vulnerables, mientras que simultáneamente, continúen sueldos superiores a los que se pagan en otros municipios con mayor población y presupuesto.
“Ha generado malestar social, protestas ciudadanas y una pérdida de confianza en las autoridades municipales. No podemos normalizar que el servicio público se convierta en un espacio de privilegios, cuando su razón de ser es servir al pueblo. No podemos permitir que los recursos públicos se destinen a sueldos excesivos, mientras hay comunidades que carecen de lo más básico”, comentó.
También manifestó que la austeridad no es un discurso, sino un principio que debe reflejarse en los hechos, “el dinero del pueblo debe utilizarse con responsabilidad, transparencia y sensibilidad social, y no para beneficiar a unos cuantos”, planteó.
“Desde este congreso, tenemos la obligación de vigilar que los Ayuntamientos actúen conforme a los principios de legalidad, austeridad y rendición de cuentas. La ciudadanía de San Quintín merece autoridades comprometidas con el bienestar colectivo, no con intereses personales”, expresó.
De igual manera, concluyó remarcando que “cuando los sueldos de los funcionarios se alejan de la realidad del pueblo, se rompe el principio de justicia social y se debilita la confianza en las instituciones”. “Eso, simplemente, no lo podemos permitir”, sentenció
Por su parte, desde hace años – incluso en el periodo del Concejo Municipal Fundacional – actores sociales coincidían en que la nómina de la naciente estructura gubernamental refleja sueldos que resultan desproporcionados para la realidad económica de la zona sur.
Desde un inicio, esto generó un clima de descontento entre los sectores que esperaban una gestión marcada por la austeridad tras la municipalización. Asimismo, en la administración de Miriam Cano Núñez se mantuvieron los sueldos, con “ajustes” en las percepciones y el tabulador al iniciar su segundo año de gobierno.
En medio de esto, la reducción que promovieron para el Cabildo reveló que la presidenta municipal percibe un sueldo de 61 mil 500 pesos, mientras que el Síndico 60 mil pesos, y cada regidor, 63 mil pesos (alrededor de 2 mil 500 pesos menos).
