Proyectado para inversión productiva y suministro de agua en la Zona Costa
Mexicali, BC.- Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó este jueves el endeudamiento correspondiente a una deuda pública por 2 mil 960 millones de pesos del Gobierno del Estado, a cargo de Marina del Pilar Avila Olmeda, para concretar inversiones públicas, incluyendo la planta desaladora de Rosarito.
Conforme al orden del día, fue el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el que fue aprobado por 19 votos a favor, 6 en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones.
En este sentido, acordaron una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido.
Asimismo, aprobaron la reserva en lo particular, presentada por el Diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
Consideramos pertinente -dijo- refrendar nuestro compromiso ya asumido de este grupo parlamentario (Morena) de que el financiamiento aprobado con el Dictamen Número 127, impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el “Estado”.
Esto, por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por lo que hacemos la propuesta de ser reiterativos en nuestro compromiso de no impactar la economía familiar de las y los bajacalifornianos, agregó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Con respecto al artículo primero del presente decreto: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento.
Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto.
Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el “Estado” deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos.
O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.
Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.
