Rechazan juicios de valor a priori
Ensenada, BC.- Consideran en el sector de la construcción que, antes de emitir juicios de valor a priori, para denostar y cuestionar las acciones que realiza la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en beneficio de todos los bajacalifornianos, debe anteponerse el recurso legal, con sustento, no con diatribas ni suposiciones.
Es el señalamiento que hace el ingeniero Edgar Rojo Medina, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Baja California, de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y del Colegio de Ingenieros Electromecánicos de Ensenada, posicionamiento que respaldan los empresarios que forman parte de las membresías de ambas organizaciones.
Rojo Medina considera que, independientemente del derecho a la libre expresión de quienes emiten juicios de valor adversos, orientados a generar un ambiente de linchamiento mediático contra la mandataria, deben resaltarse los logros que ha obtenido durante su mandato, para favorecer a los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo a los más vulnerables.
Es decir, podría ser válido que haya quienes cuestionen su actuar como mandataria, pero con sustento jurídico, no basados en suposiciones ni sospechosismos, porque bajo esos sustentos la narrativa de diluye por sí sola y queda en vulgar chismorreo y politiquería, expone Edgar Rojo Medina.
Reitera que, por parte del sector de la construcción, al menos el que él representa, desde la AMIC y del Colegio de Ingenieros Electromecánicos de Ensenada, hay mucho que destacar sobre los logros alcanzados durante su gestión como gobernadora de todos los bajacalifornianos y, como en todo nivel de gobierno, también surgen sentimientos encontrados, que por lo regular provienen de grupos que siempre estarán en contra de todo y propositivos de nada; eso es entendible y respetable, pero no compartido, al menos no por parte de ese sector, expresó el líder de los constructores.
Menciona también que habrá quienes consideren como una obligación de los gobernantes el atender las necesidades de la población y de todos los sectores, pero también debe ser compartida esa obligación desde la perspectiva legal, antes que recurrir a las denostaciones y calificativos poco edificables contra quienes están al frente de un gobierno, sea del nivel que sea.
