Plantea saldar la «deuda histórica» con comunidades jornaleras e indígenas del municipio
Mexicali, BC.- En sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó un posicionamiento relativo al Plan de Justicia para el municipio de San Quintín, donde destacó la necesidad de atender una de las deudas históricas más profundas con las comunidades jornaleras que han sostenido por décadas el desarrollo agrícola del país.
La legisladora expuso que San Quintín no es solamente una de las regiones más productivas del estado, sino también el hogar de comunidades mayoritariamente indígenas que han enfrentado condiciones de marginación, precariedad laboral, falta de acceso a servicios básicos, ausencia de seguridad social y carencia de certeza jurídica sobre la tierra y la vivienda que habitan.
Señaló que el Plan de Justicia para San Quintín representa un cambio en la forma de gobernar y una respuesta institucional a esta deuda histórica, al reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho y establecer que el desarrollo económico no puede sostenerse sobre la explotación ni la exclusión social.
Además, dicho Plan es impulsado por el Gobierno de México, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se enmarca en una política pública orientada a colocar en el centro la dignidad humana, la justicia social y el reconocimiento pleno de los derechos laborales y colectivos de los pueblos indígenas.
“Por ello, desde el Congreso del Estado se reconoce el avance que representa esta política pública para transitar hacia un modelo de desarrollo más justo e incluyente, en el que las comunidades históricamente invisibilizadas sean consideradas como actores fundamentales del desarrollo regional y nacional”, indicó.
Asimismo, la diputada Evelyn Sánchez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, refrendó el compromiso de dar seguimiento puntual al Plan de Justicia para San Quintín y de coadyuvar, desde el ámbito legislativo, para que su implementación se realice de manera integral, responsable y con coordinación interinstitucional.
“El reconocimiento de esta deuda histórica obliga a todas las instancias del Estado a actuar con responsabilidad y visión de largo plazo, a fin de que los derechos reconocidos se traduzcan en mejores condiciones de vida y bienestar para las comunidades que durante décadas sostuvieron el desarrollo agrícola del país”, subrayó.
