Aprobada con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones
Ciudad de México.- En medio de protestas e inconformidades a nivel nacional, este miércoles, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas, que sustituye o reforma a la vigente regulación sobre el uso, aprovechamiento y gestión hídrica en el país.
La votación arrojó 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Los diputados de Morena respaldaron en masa la propuesta.
La iniciativa impulsa cambios «profundos» al marco normativo del agua, buscando definir de forma más «clara» las reglas de concesiones, aprovechamiento, distribución y saneamiento del recurso, y pretende establecer nuevas obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
Entre los objetivos declarados del proyecto —según sus promotores— se encuentra frenar el acaparamiento del agua y regular concesiones que, desde reformas previas, se han multiplicado ampliamente.
Desde la voz de algunos críticos y exfuncionarios, la ley enfrenta cuestionamientos: advierten que, sin inversión real en infraestructura hidráulica y presupuesto suficiente, la norma podría quedar letra muerta y no garantizar el acceso efectivo al agua potable
La decisión legislativa desató manifestaciones inmediatas de rechazo por parte de productores agrícolas y organizaciones del sector rural.
Desde primera hora, contingentes de campesinos llegaron en tractores y camiones a las inmediaciones del recinto legislativo en San Lázaro, advirtiendo que la ley pone en riesgo sus derechos sobre el agua y amenaza la estabilidad del campo mexicano.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen será turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación final este mismo miércoles. Se prevé que, si obtiene la mayoría requerida, la ley pase al Senado para su análisis.
Mientras tanto persiste la tensión. Los productores anunciaron movilizaciones permanentes para tratar de frenar la aprobación definitiva, e incluso bloqueos en carreteras y puntos estratégicos, incluyendo en Baja California.
El debate sobre esta ley enfrenta, una vez más, la tensión entre una regulación más estricta del agua y la defensa de los intereses de distintos sectores productivos.
