Avanza hacia lo particular para revisar “reservas y modificaciones adicionales”
México.- Con 328 votos a favor, 5 abstenciones y 131 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó – sin considerar los planteamientos de agricultores, académicos e investigadores – el dictamen para expedir la Ley General de Aguas.
La sesión fue celebrada desde la tarde de este miércoles, tras lo cual reforman, derogan y adicionen diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Continuará su proceso legislativo conforme a lo establecido por el Congreso de la Unión.
El discurso oficial refiere que la reforma es clave para modernizar el marco jurídico sobre el uso, manejo y conservación del recurso hídrico en el país. Con esta decisión, buscan garantizar el acceso equitativo al agua, fortalecer su gestión sustentable y establecer reglas claras para su aprovechamiento.
Durante la sesión, legisladoras y legisladores destacaron que la nueva ley prioriza el derecho humano al agua, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y promueve una distribución más justa del recurso, especialmente en regiones con estrés hídrico. Asimismo, se plantean mecanismos de supervisión y transparencia para el uso de concesiones, así como medidas para proteger cuencas y acuíferos.
Por su parte, ciudadanos, organizaciones ambientalistas y representantes de comunidades han expresado su inconformidad tras la aprobación, al considerar que el proceso legislativo careció de una discusión amplia e incluyente. Señalaron que la reforma fue avalada sin una consulta suficiente a los sectores directamente afectados, particularmente a comunidades rurales e indígenas que dependen del agua para su subsistencia.
Las críticas se centran en que la nueva legislación, lejos de garantizar plenamente el derecho humano al agua, podría favorecer intereses privados y abrir la puerta a una mayor mercantilización del recurso hídrico. Especialistas y activistas advirtieron que algunos artículos priorizan el uso industrial y agrícola a gran escala, sin asegurar salvaguardas efectivas para el consumo doméstico y la protección de los ecosistemas.
Asimismo, organizaciones civiles cuestionaron la falta de claridad en los mecanismos de vigilancia y sanción, así como la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones sobre concesiones y gestión del agua. Consideraron que, sin una supervisión robusta, la ley podría reproducir prácticas de sobreexplotación de acuíferos y desigualdad en el acceso al recurso.
Ante este escenario, legisladores de oposición adelantaron que analizarán la viabilidad de impulsar modificaciones a la norma durante las siguientes etapas del proceso legislativo en el Congreso de la Unión, mientras que colectivos sociales anunciaron movilizaciones y acciones legales para exigir que la Ley General de Aguas sea revisada a fondo y responda verdaderamente a las necesidades de la población.
