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Protestan productores de San Quintín, denuncian imposición con la nueva Ley General de Aguas

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Piden la intervención de las autoridades federales para escuchar los planteamientos

Victor Uziel González Ceseña / Península BC

San Quintín.- Al señalar imposiciones del Gobierno Federal y temer por su patrimonio, productores, ejidatarios y trabajadores del valle de San Quintín participaron este martes en una protesta contra la iniciativa que pretende modificar la Ley General de Aguas.

Por primera vez, en San Quintín convocaron a una movilización enfocada en el rechazo a la Ley de Aguas. Para esto, dos contingentes partieron desde el ejido Leandro Valle y El Papalote, para reunirse en el Centro de Gobierno del Estado.

Ernesto Gámez Paredes, presidente de la Asociación Agrícola Local de San Quintín, informó que en caso de aprobarse como pretende el partido en el poder, generaría afectaciones tanto a productores agrícolas como ganaderos, transportistas y comerciantes.

“Muchos sectores no han tomado conciencia de todo lo que podría afectar si se paraliza la agricultura en el valle de San Quintín. Casi el 90 por ciento de la economía se deriva de la producción agrícola”, comentó Gámez Paredes.

En el mismo sentido, afirmó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene intenciones de eliminar el subsidio eléctrico para la producción agrícola, señalando que “es el único apoyo que se mantiene después de tantos recortes para el campo”.

Tras solicitar la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, Gámez indicó que “si no hacen caso vamos a tener que hacer algo más fuerte para que volteen a vernos, nosotros queremos poner a San Quintín en el mapa”. A corto plazo, el viernes se reunirían de nuevo para definir las siguientes acciones.

En medio de la manifestación, expusieron sus planteamientos a la Subsecretaria General de Gobierno del Estado, Aurora Inzunza Velasco; al delegado de la Secretaría de Agricultura de Baja California, Carlos Gómez Arias, y el encargado de Agricultura Municipal, Carlos Torres.

De igual manera, afirmaron que la diputada federal Claudia Moreno no les respondió sus llamadas, mientras que en los próximos días buscarán al senador Armando Ayala Robles, en su visita programada al valle de San Quintín.

Cabe destacar que la ley propone suprimir la figura de transmisión de derechos de agua, lo que implica que las concesiones ya no podrían heredarse, venderse o cederse junto con la tierra. Los productores alegan que esto reduce drásticamente el valor de sus propiedades, ya que dependen del agua para producir.

Entre las inconformidades, denuncian que la reforma busca sustituir las concesiones de agua por permisos temporales. Esta medida es vista como una amenaza directa a la continuidad productiva y a la planificación a largo plazo.

Asimismo, uno de los puntos más polémicos en la propuesta de la Ley General de Aguas es la referente a la herencia y transmisión de los derechos de explotación y uso de aguas nacionales. De aprobarse la iniciativa en sus términos originales, se eliminaría la posibilidad de que las concesiones de agua sean transmitidas a herederos o vendidas junto con la tierra, lo que ha encendido las alarmas en el sector.

Actualmente, las concesiones de agua son consideradas por muchos productores como un derecho adquirido y un activo patrimonial que puede ser transferido, heredado o vendido, generalmente junto con la propiedad de la tierra de riego.

Con esto, la propuesta que se debate en la Cámara de Diputados establecería que las concesiones deberán regresar al Estado al término de su vigencia, o en caso de muerte del titular, lo que implica que el sucesor deberá tramitar una nueva concesión desde cero. Productores y ejidatarios han manifestado un profundo rechazo a este ajuste, argumentando que socava la certeza jurídica y pone en riesgo la viabilidad económica de las unidades de producción.

Desde el Gobierno Federal y Conagua, la modificación se justifica como “una medida para ordenar el régimen de concesiones, evitar el acaparamiento de volúmenes por parte de particulares y asegurar la rectoría del Estado sobre el agua para garantizar el derecho humano de acceso y saneamiento”.