Solicita que avance el proceso para la jubilación de diez elementos
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín.- Desde el Pleno del Congreso del Estado, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López exhortó al Primer Ayuntamiento de San Quintín para que resuelva los trámites de jubilación pendientes de los policías con más de 25 años de servicio, además de atender las irregularidades laborales en la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana.
En su exposición, la legisladora indicó que un grupo de diez oficiales con más de 25 años en servicio enfrentan una vulneración sistemática de sus derechos laborales y seguridad social en el municipio.
Detalla que han expuesto el retraso injustificado para la liberación de los trámites de jubilación, además de negarles certeza jurídica respecto a los derechos adquiridos durante su servicio en el Municipio de Ensenada, conforme al Decreto 46 de Creación del Municipio de San Quintín.
Otros puntos son no definir fecha definida para el pago del haber de retiro; reducción en el pago de prestaciones adquiridas como prima vacacional, antigüedad, aguinaldo, canasta básica y otros conceptos legítimos, y retención indebida de montos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Murillo López destacó que entre los afectados se encuentra una mujer policía, cuya exclusión del reconocimiento jubilatorio representa no solo una injusticia laboral, sino una forma de violencia institucional y de género.
En el mismo sentido, expuso que los oficiales activos reportan jornadas laborales con horarios excesivos y sin el descanso reglamentario que exige el principio de protección al trabajador consagrado en el Artículo 123 Constitucional.
Asimismo, manifestó que no cuentan con el armamento, equipamiento ni uniformes necesarios para el desempeño de su función. Los uniformes y armamento actuales datan desde el Concejo Municipal Fundacional.
De igual manera, planteó que se han reportado variaciones irregulares en sus percepciones económicas, afectando prestaciones que deberían ser constantes y verificables.
«El incumplimiento del Ayuntamiento viola no solo la legislación local y federal, sino también compromisos internacionales, y afecta los derechos de igualdad, dignidad, trabajo y seguridad social», expresó.
Bajo ese panorama, además de la jubilación pendiente, exhortó al Ayuntamiento encabezado por Miriam Cano Núñez para que reconozca los derechos adquiridos conforme al Decreto 46 y las leyes aplicables.
También solicitó que se efectúe el pago retroactivo y restituya los montos retenidos por concepto de ISR; que regularicen las condiciones laborales del personal activo, provea armamento, uniforme y equipamiento actualizado; elimine las prácticas administrativas irregulares relativas a los viáticos, formalice su adhesión al Fideicomiso Estatal de Seguridad Social para Policías, entre otros.
Al término de su proposición, propuso que el Congreso considere la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas.
Al exhorto se sumaron los diputados Jorge Ramos, Daylin García, Alejandrina Corral, Araceli Geraldo, María Yolanda Gaona y Diego Echeverría. Posteriormente, fue aprobado por mayoría.
