La diputada Michel Sánchez propuso exhortar a titulares del Poder Judicial, de la FGE y de la Secretaría de Salud
Mexicali.- Con la finalidad de impulsar acciones coordinadas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente los feminicidios y su tentativa, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); al Secretario General de Gobierno de Baja California (SGG); al Secretario de Salud (SS) y a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
Lo anterior mediante la implementación de los CECOVIM (Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres) en Baja California y el cumplimiento efectivo del protocolo de feminicidio y la perspectiva de género por parte de las autoridades responsables.
La propuesta fue presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, quien expuso en tribuna que la respuesta del Estado no puede limitarse a castigar una vez cometido el crimen, ya que debe incluir mecanismos de prevención, reeducación y transformación social, por lo que una de las herramientas más efectivas es la creación e implementación de los Centros Especializados para la Erradicación de Conductas contra las Mujeres (CECOVIM).
Agregó que “en el caso de Baja California, los datos oficiales reflejan una situación alarmante: entre 2015 y febrero de 2022, se reportaron 92 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y 20 más por tentativa”.
Además, como lo ha destacado la CEDH en su informe 2018, el 59% de las mujeres asesinadas eran madres de familia, lo que convierte a las hijas e hijos en víctimas indirectas y muchas veces quedan desprotegidos institucionalmente, expuestos a nuevos riesgos o incluso bajo el cuidado de los agresores, lo cual los revictimiza y perpetúa el daño.
Por lo que en el exhorto se solicita a la SGG y la SS del Estado, desarrollen en los municipios de Ensenada, San Quintín, Tecate y Playas de Rosarito, los CECOVIM; que la FGE, investigue toda muerte violenta de mujer, así como la tentativa de feminicidio conforme al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género, que se reconozca y se de atención integral a las víctimas indirectas y la reparación del daño; y al TSJ para que aplique de manera oficiosa la perspectiva de género en todas las causas relacionadas con feminicidio y tentativa de feminicidio.
“No hay justicia verdadera si no hay prevención real; por ello, los CECOVIM y la correcta atención al feminicidio no deben verse como medidas aisladas, sino como partes interconectadas de una misma política pública que busca: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger a sus hijas e hijos y construir comunidades más seguras, equitativas y justas”, subrayó.
Además, señaló que “en este marco de latente violencia contra las mujeres, es indispensable que las y los juzgadores apliquen de manera oficiosa la perspectiva de género; así como la reparación integral del daño, además, debe contemplar gastos médicos y terapéuticos, apoyo psicológico para las víctimas indirectas y garantías de no repetición que incluyan la transformación institucional y cultural”.
