Edición 05/2025.- Causó revuelo político y preocupación entre los pasillos del Primer Ayuntamiento de San Quintín la remoción de dos directores en el marco del Día del Trabajo.
Como ya es de dominio público, los despidos en cuestión corresponden a Fernando Molina Miranda y Félix Morales, quienes desde las primeras semanas de la administración de Miriam Cano Núñez encabezaban las áreas de Servicios Públicos Municipales y Ecología, respectivamente.
Desde la administración insisten en que se trata de una «mejora para la organización, funcionalidad y eficiencia del gobierno municipal”, además de referir que buscan “construir un gobierno eficiente y transparente”. En el caso de Félix Morales, su participación en el cargo fue cuestionada desde un inicio, además de ser señalado de impulsar a un familiar cercano para otro cargo. Sin embargo, el caso de Fernando Molina se ha prestado a señalamientos e interpretaciones por conflictos internos, mismos que no han sido aclarados por el nivel central – y probablemente no lo harán -.
Después de las renuncias de Erik Berrelleza Félix y Geovany Valdez Valenzuela – de Oficialía Mayor y Tesorería Municipal –, el “ajuste” en el gabinete ha llevado a cuestionar la eficiencia del aparato público.
Simultáneamente, funcionarios de menor nivel temen que continue la “guillotina”, y tampoco olvidan el pronunciamiento de la propia alcaldesa sobre remoción de algunos equipos de trabajo. Algunos hasta temen utilizar su celular por temor a que los señalen de “filtran información”.
Pese a esto, si la decisión realmente obedeció al desempeño de los funcionarios, la presidenta tiene todo el derecho de impulsar estos ajustes. En contraparte, otras áreas que evidentemente muestras carencias, aparentemente continúan sin cambiar su estrategia. ¿Para esos casos no aplica la mejora para la funcionalidad y eficiencia del gobierno municipal?
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En un tema similar, levantó sospechas y cuestionamientos la incorporación discreta de la ex concejal Celeste Gómez Juárez como encargada de despacho de la Tesorería Municipal. Su caso alimentó la misma narrativa que tanto reprochan en el discurso público: el poder sigue operando bajo lógicas de privilegio y amiguismo.
Su incorporación, sin proceso competitivo conocido, pone en entredicho los principios básicos de transparencia y mérito que deberían regir toda administración pública. Lo que en otras circunstancias podría justificarse como una decisión técnica, aquí aparece como una maniobra política camuflada en el silencio.
Para esto, la alcaldesa Miriam Cano solo afirmó que en la siguiente sesión de Cabildo someterían a votación su ingreso formal al área. Aún así, las voces críticas no olvidan la reprobación de las dos primeras cuentas públicas del Concejo Municipal Fundacional, y probablemente también lo estará su siguiente ejercicio en etapa de análisis. Veremos que ocurre.
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Los comunicados oficiales de un municipio no son simples mensajes: son la voz institucional de un gobierno local ante su comunidad. Sin embargo, cuando se presentan errores imperceptibles a su propia supervisión, su contenido puede generar “daños a la susceptibilidad” de los mencionados.
Nos referimos a un pequeño error o confusión que curiosamente implicó a perfiles de diferentes corrientes políticas. A continuación se anexa el fragmento en cuestión.
Tras leerse el fragmento, el pequeño error fue evidente y hasta “ofensivo” para varios funcionarios, ya que confundieron a la diputada federal Claudia Moreno con la diputada local, Dunnia Montserrat Murillo López. Para no confundir a los lectores, aclaramos que la maestra Cecilia García Ovalles es suplente de la legisladora Claudia Moreno.
Quienes tienen un porcentaje más alto de madurez política, la referencia del comunicado y la observación planteada en este espacio no pasará de tomarse con humor. Enviamos un saludo a los compañeros del área.
