Edición 03/2025.– Más allá de las voces que solo aprecian los pecados de la función pública, la reciente detención de dos funcionarios de San Quintín por circular con aliento alcohólico mientras intentaron “charolear” con su cargo, representa una grave falta para el Primer Ayuntamiento, no solo a las normas de tránsito, sino al compromiso ético que debe regir a quienes ejercen un cargo público.
Uno de los casos corresponde a Manuel Espinoza Osorio, actual Coordinador de Juventud del Gobierno Municipal de San Quintín, quien fue sorprendido cerca de la playa El Pabellón al circular en un vehículo “chocolate” y con aliento alcohólico.
Aunque versiones preliminares refieren que el joven funcionario pasó la prueba de alcoholimetría, los agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana procedieron a detenerlo tras aparentemente optar por confrontarlos con su cargo y tratar de “presumir” que forma parte del círculo de incondicionales de la presidenta Miriam Cano Núñez.
El incidente derivó en la detención del funcionario y sus acompañantes, tras lo cual pagaron una sanción administrativa y quedaron en libertad. Sin embargo, el incidente en cuestión genera múltiples reacciones, aunado a otro caso reciente con otro coordinador de Deportes, Edgar García Pérez, intervenido en la ciudad de Ensenada en hechos casi similares.
En primer término, este tipo de hechos, conductas o comportamientos – según quieran denominarlos – no puede minimizarse ni tratarse como una simple infracción personal: es un acto que compromete la credibilidad de las instituciones y mina la permeada confianza ciudadana.
En términos sencillos: los funcionarios públicos tienen la obligación de ser ejemplo de responsabilidad, tanto dentro como fuera del horario laboral. Conducir tras ingerir bebidas alcohólicas y tratar de evitar las consecuencias presumiendo su cargo no es una conducta adecuada para quien ha sido elegido o designado para servir a la comunidad. Aunado a esto, el discurso central de la alcaldesa Miriam Cano, desde la campaña electoral, es no permitir actos que afecten a la ciudadanía, incluyendo el abuso de poder. Esto sin considerar parte de los mensajes principales de la Cuarta Transformación.
A expensas de lo que pueda ocurrir, el silencio o la tibieza en el tratamiento de estos casos solo alimenta el descreimiento social hacia las autoridades. Ciudadanos e incluso los mismos funcionarios se pronuncian “discretamente” en espera de las posibles sanciones, o mínimamente un gesto de autocrítica para los implicados.
A casi siete meses de administración, tanto la alcaldesa como su Cabildo y gabinete ya deben tener claro que la integridad de un gobierno se mide no solo por sus políticas, sino por la conducta de quienes lo representan. Nos mantendremos en espera de la conclusión de estos hechos, ya sea sanción o errores perdonables.
