Edición 04/2025.- En lugar de enfocarse en resolver problemas más apremiantes, parece ser que el Primer Ayuntamiento de San Quintín ha emprendido una “cacería de brujas” contra los empleados que presuntamente han filtrado información. Lejos de investigar con seriedad hechos concretos o asumir responsabilidades, la administración parece más preocupada por identificar «traidores» internos.
El despido de un elemento del Cuerpo de Bomberos, Josué Morales Nuño, quien se mantenía activo desde antes del 2019, ha generado múltiples comentarios a los procesos implementados por el Ayuntamiento encabezado por la presidenta Miriam Cano Núñez.
En vista de que nadie pidió mi opinión, externaré parte de la postura ciudadana. Primero que nada, el despido injustificado de un bombero – en caso de serlo – no solo representa una falta grave contra los derechos laborales, sino también un golpe a la integridad de quienes arriesgan su vida diariamente por el bienestar de la comunidad. En este caso, un bombero con años de servicio, reconocido por su compromiso, valentía y profesionalismo, fue cesado de sus funciones sin una aparente causa válida ni el debido proceso legal.
Según los hechos, el trabajador fue notificado de su desvinculación sin que mediara una investigación formal ni se presentaran pruebas contundentes que justificaran la decisión. Los motivos que habría detonado los hechos denominados “conductas inapropiadas en el área laboral” podrían ser los señalamientos por “divulgar información” a la titular de la red social Observatorio Ciudadano.
El mismo Director de Seguridad y Protección Ciudadana, Alberto Sarabia Espinoza, se lo habría reprochado días antes sin pruebas concretas, aunque asociándolo a publicaciones sobre presuntos actos de favoritismo. La intervención generó que el bombero en cuestión optara por demandarlo por difamación en la Fiscalía Regional de San Quintín, con la intensión de generar un precedente.
Este tipo de persecuciones internas, disfrazadas de investigaciones administrativas o “medidas disciplinarias”, sólo evidencian un profundo miedo a la transparencia. No se sanciona el acto de corrupción, el abuso de poder o la ineficiencia: se persigue a quien lo denuncia o lo deja entrever.
Este despido vulnera principios fundamentales establecidos en la legislación laboral vigente, que protege a los trabajadores frente a acciones arbitrarias y exige que todo procedimiento de terminación de contrato respete el derecho a la defensa.
Además del impacto personal y profesional que esto implica, el despido injustificado de un servidor público como un bombero genera una señal alarmante dentro del cuerpo de emergencia. Se pone en riesgo la confianza, la moral y la estabilidad de quienes, como él, dedican su vida a proteger la de los demás.
Recordemos que al entonces presidente del Concejo Municipal Fundacional, Jorge Alberto López, incurrió en una situación similar con otro bombero, así como confrontamientos con los Policías Municipales. ¿Se repetirá la historia en este Primer Ayuntamiento?
Mientras tanto, la alcaldesa Miriam Cano se rehusó a emitir un pronunciamiento completo, justificándose al afirmar que esperará el avance del proceso implementado por el elemento. En medio de esto, una declaración alarmante vertida en su conferencia mañanera fue que la intensión es que los funcionarios “trabajen con ganas de apoyar el movimiento, a la población y no revolver mentiras con verdades”. Desconozco como aplica el término “movimiento” en su explicación, pero si lo está asociando a fines políticos, se evidenciaría una inmadurez para la función pública. En ese caso, quienes podrían apoyar el “movimiento” sin recriminación serían los titulares del gabinete y todos aquellos contratados al iniciar la administración.
En consecuencia, no olvidemos que una gestión que teme a la verdad no es una gestión honesta. Un gobierno que persigue voces internas, en lugar de escucharlas, no está comprometido con el servicio público. La transparencia no se defiende reprimiendo filtraciones, sino garantizando acceso a la información y rindiendo cuentas con MADUREZ POLÍTICA.
El Ayuntamiento debería recordar que los empleados públicos no están para proteger a funcionarios, sino para servir a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo en las oficinas que le pertenecen.
