Presentó iniciativa de reforma para garantizar la vigilancia ciudadana en los procesos de contratación de obra pública en Baja California
Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación de obra pública, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado, a fin de incorporar la figura del testigo social como un mecanismo de control ciudadano en procesos de contratación gubernamental.
“En los últimos 20 años, gobiernos de diversas partes del mundo han implementado medidas para mejorar la transparencia en sus decisiones y fortalecer la rendición de cuentas, creando marcos normativos que promueven el derecho a la información y fomentando la participación ciudadana en la supervisión del uso de los recursos públicos”, declaró el legislador.
Desde el año 2000, México ha adoptado la figura del testigo social, promoviendo la participación ciudadana en la supervisión de las contrataciones gubernamentales. Este mecanismo se alinea con los compromisos establecidos por México en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que impulsa la creación de sistemas para prevenir y combatir la corrupción.
La propuesta del congresista local también busca armonizar la legislación estatal con los estándares federales y las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia.
Otros estados de la república, como Jalisco, Hidalgo y el Estado de México han integrado en sus leyes locales la figura del testigo social, reconociendo su valor como herramienta de vigilancia y promoción de la confianza pública en las actuaciones del gobierno.
Ramón Vázquez subrayó que la incorporación del testigo social en la normativa local es un paso fundamental para alinear a Baja California con los compromisos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Alianza para el Gobierno Abierto, asegurando que los procesos de contratación pública se realicen con apego a los principios de legalidad, eficiencia y equidad.
