Aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en su última sesión
Por: Victor Uziel González Ceseña / Península BC
San Quintín.- La diputada Dunnia Montserrat Murillo López emitió un exhorto para que la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, y el presidente de San Felipe, José Luis Dagnino, intervengan para el ajuste de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) aplicables para el impuesto predial en los predios rurales que se encuentren en las Áreas Naturales Protegidas.
En la última sesión del Congreso del Estado, la diputada del Distrito XVII presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Miriam Cano para atender la problemática con base en la tabla de valores catastrales unitarios base del impuesto predial para el presente año.
En su exposición de motivos, Murillo López indicó que las Áreas Naturales Protegidas en el municipio corresponden a la Reserva Natural de San Quintín, el Valle de los Cirios y la Reserva Natural Punta Mazo, estas últimas colindantes con las granjas acuícolas.
Destaca que en estas zonas protegidas la nación ejerce soberanía y jurisdicción, por lo que los ambientes no han sido significativamente alternados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas requieren ser preservadas y restauradas.
Bajo este panorama, la proposición de la diputada considera que en San Quintín fue ajustado un cobro de 03.99 UMAS en predios rurales, incrementando las tarifas aplicables de los últimos años, aun cuando la Ley de Ingresos establece la aplicación mínima de 5 UMAS para estos predios rurales.
Murillo López agrega en la proposición que lo anterior generó descontento en los ciudadanos que resultaron afectados por la zona aplicable en la tabla de valores catastrales. Remarca que hay parcelas en las que no se desarrolla ninguna actividad debido a que se encuentra destinadas para la conservación forestal, además de que los propietarios son personas mayores de bajos recursos.
Aunque el incremento fue justificado como “Principio de Equidad y Proporcionalidad Tributaria”, manifiesta que no fue considerado que más del 50 por ciento del territorio en cuestión pertenece al Área Natural Protegida. En consecuencia, obliga al propietario a contar con una carga tributaria que sería imposible de pagar con lo que generan sus tierras.
“Hay preocupación por estos cobros, puesto que no son posibles de liquidar. Es necesario que las autoridades correspondientes generen la aplicación de los estímulos fiscales necesarios para las zonas naturales protegidas”, sostiene la proposición.
En consecuencia, desde el Pleno del Congreso la diputada planteó que se ajusten las UMAS aplicables a las Áreas Naturales Protegidas para el correspondiente impuesto predial, junto con la aplicación de los estímulos fiscales según corresponda para ambos municipios en cuestión.
