Para este miércoles, el gobernador fue citado a por la Fiscalía General del Estado
Por las irregularidades derivadas del proyecto de la planta fotovoltaica, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez es investigado por los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, y peculado, informaron en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, tras el citatorio programado para este miércoles.
Durante la conferencia, la gobernadora indicó que el proceso contra Bonilla Valdez “no es una cacería de brujas ni revancha política”, sino parte de un proceso por la planta fotovoltaica. Para esto, recordó que la investigación avanzará tras acabarse el fuero constitucional de Bonilla al concluir su periodo como Senador.
“Lo único que hago es defender las finanzas y recursos de los bajacalifornianos. Hablamos de miles de millones de pesos en juego. Si no defiendo, estaría incurriendo en un daño patrimonial”, comentó la gobernadora.
Por su parte, Juan José Pon Méndez, Consejero Jurídico de Baja California, informó que el citatorio a Bonilla Valdez forma parte normal del proceso penal. Explicó que el pasado 30 agosto, el ex gobernador envió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito en el que especificaba un domicilio para notificaciones.
Señaló para las 2:00 de la tarde de este miércoles, Bonilla estaba citado en la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, con el propósito de verificar que su escrito fue presentado por él y para otorgarle los elementos necesarios para su derecho a la defensa.
Pon remarcó que sobre el mismo proceso, ya son nueve los vinculados a proceso, de los cuales 8 ya cuenta con auto de apertura a juicio. Entre ellos se encuentran cinco ex funcionarios públicos de la pasada administración estatal.
Para el caso de Bonilla, detalló que por el delito de abuso de autoridad, la sanción sería de hasta 9 años de prisión; para el uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, hasta 12 años, y peculado, hasta 16. Aunado a esto, en julio, a través de una apelación, le sumaron el delito de abuso de autoridad.
Mientras tanto, afirmaron que la banca insiste en cobrar 4 mil 500 millones de pesos proyectados para la planta. Por esto, mediante un amparo evitaron el pago, además de que lograron un nuevo requerimiento para que reintegren 123 millones de pesos retenidos por la sucursal bancaria.
“El banco quiere que les paguemos con recursos públicos, con las aportaciones federales, pero el Estado no tiene personalidad jurídica constitucional para llevar a cabo estas licitaciones. Aun y cuando no se construyera, existe la obligación e que el Estado tiene que pagarla”, comentó la gobernadora, tras asociar la situación como una “estafa maestra”.
Agregaron que el proyecto cancelado afecta las participaciones estatales, aun sabiendo que no se concretaría por la falta de permisos de la Comisión Reguladora de Energía y la Semarnat, “en el gobierno Federal son los únicos facultados y con las competencias para construir estos desarrollos”, expresó la gobernadora, añadiendo que el Jaime Bonilla ignoró estos señalamientos.
