El punto de acuerdo derivó de propuestas presentadas por los legisladores Michel Sánchez, Juan Manuel Molina y Ramón Castorena
El Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Poder Judicial del Estado (PJBC), al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, con la finalidad de que se dé debida diligencia en caso de ataques realizados en su contra.
De acuerdo con lo anunciado, el punto de acuerdo derivó de diversas propuestas presentadas por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, y los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Castorena Morales.
“Los ataques, descalificaciones y crímenes en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos deben ser tema prioritario para todas las autoridades, pues son quienes toman un papel central muchas veces ante la omisión del estado en la función de informar a la sociedad, de realizar denuncias públicas y de defender los derechos de grupos que históricamente han sufrido algún tipo de vulneración”, indicó la diputada Michel Sánchez.
En el exhorto se solicita también a la FGE, PJBC, así como a las alcaldesas y los alcaldes, que se implementen capacitaciones para las y los servidores públicos con perspectiva de género para la atención de este hecho y otros ataques que han acontecido en la entidad. “Este llamamiento es para que estos casos no queden en impunidad, generando un efecto amedrentador para otros periodistas o defensoras de los derechos humanos”, indicó la legisladora inicialista.
En ese sentido la XXIV Legislatura del Estado emitió un exhorto a Ma. Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado (FGE) y al Presidente del PJBC, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, para que se incorpore el estándar de debida diligencia en el caso.
Asimismo, planten que apliquen los mecanismos jurídicos necesarios para evitar la obstaculización y sin descartar ninguna línea de investigación respecto a los daños sufridos en el vehículo de la periodista Yolanda Caballero Jacobo, vinculados con la labor de la víctima.
También exhortaron al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, por conducto de Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario General de Gobierno del Estado, para que se analice la herramienta de evaluación de riesgo y el término para su análisis preliminar de riesgo y la emisión de la Medida Urgente de Protección.
