Propuso una reforma a la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de Materiales Metálicos
La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de Materiales Metálicos, con el objeto de proteger la infraestructura y los servicios públicos del estado.
Esto, utilizando como estrategia el entero conocimiento de los propietarios, representantes legales o encargados de estos lugares, acerca de los materiales y objetos de la infraestructura pública restringidos para el uso de su compra y venta.
Dicha estrategia, consiste en que la delincuencia no encuentre la forma de comercializar este tipo de materiales y objetos de origen metálico, propiedad de la infraestructura pública, para que este tipo de actos ilícitos disminuya significativamente.
Mencionó Montse Murillo que, el robo de cables provoca cortes de electricidad, lo que aumenta la carga de los servicios públicos, y en algunos casos repercute en los ciudadanos con pagos de costos elevados. En tanto los actores del ilícito, suelen vender los cables robados en yonkes, recicladoras o centros de acopio de materiales metálicos, y estos a su vez los envían a los distribuidores.
La vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios públicos del estado, derivado en parte de esta omisión que existe en esta Ley que se busca reformar, no termina aquí, ya que, no solo materiales de CFE y el servicio eléctrico se encuentran propensos a sufrir afectaciones en este sentido, sino que también son objetos del comercio ilícito, el sistema de alcantarillado, los medidores de agua y los señalamientos de vialidades.
Según la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicali, en el periodo del 2022, aumentaron los robos de señalamientos de tránsito. Las autoridades han mencionado que los responsables llevan los señalamientos a las recicladoras para venderlos, puesto que la mayoría de los señalamientos están hechos de lámina y algunos de aluminio. Y al Estado cada uno de estos señalamientos, le cuesta entre 3 mil y 5 mil pesos.
De igual forma, la legisladora de Morena mencionó en su exposición de motivos que, el robo de tapas de alcantarillado y el robo de medidores de agua, son problemas que obstaculizan el desarrollo del estado y sus municipios.
Por tales motivos, propone que se adicionen varios incisos, así como el párrafo segundo a la fracción Vll del artículo 11 de la Ley en comento, para que quede prohibida la compra de: alcantarillas, medidores de agua o luz, señalamientos de vialidades, y materiales de CFE. Y en el caso de una empresa privada o institución se debe solicitar la factura correspondiente que acredite la propiedad.
