Los ciudadanos deben tener la certeza de que los representantes populares son personas íntegras, comprometidas con el bienestar de la comunidad y respetuosas de los derechos humanos: Molina García
Con el propósito de incorporar acciones afirmativas y restringir el acceso a cargos públicos a personas violentadoras, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene reformas a diversas leyes en materia electoral del Estado.
El dictamen también incluye el principio de austeridad en la administración de los recursos administrativos a cargo del Instituto Electoral del Estado (IEE), conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
El diputado Juan Manuel Molina García, al motivar su iniciativa argumentó que uno de los ejes que comprende el Plan de Desarrollo Legislativo es Democracia y Nueva Institucionalidad, en el cual se estableció como objetivo dotar de normas al Estado que generen mecanismos de expresión directa y democracia participativa en función de las necesidades que se viven en la actualidad.
Las modificaciones a estas leyes tienen su base en preservar la confianza en las instituciones y en las personas que ocupan cargos públicos, “los ciudadanos deben tener la certeza de que quienes desempeñan cargos públicos, son personas íntegras, comprometidas con el bien común y respetuosas de los derechos humanos”, afirmó Molina García.
De esta manera algunas de las consideraciones, van encaminadas a que los partidos políticos deberán nombrar al menos una fórmula de cada una de las poblaciones de atención prioritaria como candidatos para diputaciones y regidurías, esto es: jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, personas de la diversidad sexual, y personas con discapacidad, con el fin de que sean debidamente representadas con respecto a sus necesidades.
El inicialista mencionó que esta medida tiene el propósito de alcanzar las mismas aspiraciones de las candidaturas indígenas y afromexicanas; materia que fue recientemente legislada por el Congreso de B.C., a raíz de las Consultas a las comunidades indígenas.
Asimismo se insertan las limitaciones para acceder al cargo de elección popular por tener sentencia firme en delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar y violencia política en contra de las mujeres, y ser deudor alimentario.
Este paquete legislativo también establece que los servicios de asistencia social, en ningún caso podrán ser utilizados con fines electorales, ni condicionarse a participar en eventos proselitistas, recolección de firmas o para la emisión del voto para determinada candidatura.
Por otro lado, se clarifica en la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, el procedimiento para cuando surja una vacante de una magistratura.
Cabe señalar que el Dictamen, recoge el espíritu de las iniciativas en materia electoral presentadas en su momento por las diputadas, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Daylín García, el diputado Manuel Guerrero, César González y la iniciativa ciudadana presentada por integrantes de la organización Alianza Inclusiva y Diversa de México. Las cuales se concentraron para respetar los tiempos del próximo proceso electoral.
De esta manera se aprobó el conjunto de reformas a los artículos 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos, los artículos 7, 21, 27 BIS, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328, y 330 de la Ley Electoral, los artículos 6, 7, 10, 12, y 14, la adición de un Capítulo IX BIS y la adición de los artículos 22 BIS y 22 TER de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la adición de un artículo 4 BIS a la Ley de Asistencia Social y los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana.
Resultando lo anterior con 20 votos a favor, 3 en contra por parte de la y los diputados Daylín García Ruvalcaba, Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López, y dos votos en abstención de la legisladora Amintha Briceño Cinco y el legislador Juan Diego Echeverría Ibarra.
