Considera que la posibilidad de sancionar a un servidor público debe mantenerse abierta el tiempo suficiente
Con el propósito de hacer imprescriptible la acción penal de los actos de corrupción, la legisladora del Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado adicionando el artículo 113 TER.
La inicialista argumentó que el impacto de la corrupción en México, repercute en la mayoría de los ámbitos de la vida social, debido a que su incidencia puede inhibir la inversión y la creación de empleos, hasta desalentar la denuncia de delitos o la participación ciudadana en elecciones populares.
El 65% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública; ya sea por acontecimientos de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas, experimentó un acto de corrupción.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Baja California el 89.5% de sus habitantes considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes.
“Varios estudios señalan que la corrupción es un problema multifactorial; sin embargo, considero que una de las principales causas para que esta clase de actos no desaparezca de nuestra escena, es la gran impunidad que gira en torno del quehacer del poder público”, dijo Daylín García.
Agregó que las redes de influencia que se tejen en el sector público, son de tal magnitud que es difícil sancionar a un funcionario aun y cuando ya no se encuentre en el ejercicio del cargo, ya que tienden una red para ser encubiertos y protegidos de cualquier castigo.
Por lo anterior, y a consideración de la diputada, la posibilidad de sancionar a un servidor público por actos de corrupción de mantenerse abierta e tiempo suficiente, para que esa red de influencia y compromisos desaparezca a tal grado que no exista impunidad.
