Baja California es uno de los estados que aún no incluyen el tipo penal en su legislación
El senador Rafael Espino de la Peña propuso que se persiga de oficio y se sancione con una pena de cuatro a ocho años de prisión, y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien manipule un sistema de nombres de dominio o cree uno atribuyéndose la identidad digital de otra persona para obtener un lucro indebido o aprovechamiento.
De acuerdo con lo anunciado, dicha penalidad se aplicará al que, sin orden judicial previa, intercepte, desvíe o grabe, en cualquier forma, un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible.
En la iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de la Fiscalía General de la República, el legislador también plantea la creación de la Fiscalía Especializada en delitos en los que se utilicen en medios electrónicos, ópticos, telecomunicaciones, sistemas y equipos de informática por cualquier tecnología.
Rafael Espino refirió que las redes sociales son fuentes de datos de fácil acceso en las que se puede obtener información sobre una persona: nombre, edad, fecha de nacimiento, fotografía, información de tipo familiar, escolar, laboral, entre otra, que facilitan a los delincuentes el robo de identidad.
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los casos de robo de identidad, a través de la suplantación de páginas digitales de las instituciones financieras, se incrementó de forma importante, y las personas adultas mayores son el grupo más vulnerable con 35 por ciento de los casos.
Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Informe sobre Incidencia Delictiva, dio a conocer que se registraron dos mil 590 denuncias por falsedad en los primeros seis meses de 2022, que clasifican al robo de identidad como denuncias por falsedad.
El senador destacó que el robo de identidad implica tomar información personal y financiera de las personas o empresas para suplantarlos y con ello obtener créditos.
Dichas instituciones alertaron sobre el aumento de las reclamaciones relacionadas con el robo de identidad. Sólo en 2021, la CONDUSEF reportó 49 mil 871 reclamaciones por posible robo de identidad en el sistema financiero.
Espino de la Peña advirtió que el robo de identidad tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse. Por lo general, a las víctimas les lleva mucho tiempo darse cuenta de esta situación, y una vez que sucede es muy difícil recuperarla, así como tener problemas en el futuro.
Agregó que esta conducta de usurpación de identidad no está tipificada en el Código Penal Federal, a pesar de que 22 normas locales la consideran un delito en su ley penal con diferencias en la conducta o el hecho cometido, las sanciones penales, administrativas y las agravantes.
El legislador comentó que Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán, son las entidades que todavía no incluyen el tipo penal en su legislación.
