La FGE podría avanzar con las denuncias por el delito de pederastia agravada
Hasta nueve denuncias de abuso sexual fueron interpuestas por padres de familia a un maestro interino que impartía clases en el tercero y sexto grado de la escuela Leona Vicario, en Mexicali, tras lo cual podría ser investigado por el delito de pederastia agravada.
Trascendió que desde finales de noviembre los padres y madres de familia interpusieron sus denuncias cuando algunas niñas expusieron tocamientos indebidos, parte de estas en medio de las clases.
Derivado de los señalamientos de abuso sexual, el Secretario de Educación de Baja California, Gerardo Arturo Solís Benavides, mantuvo este miércoles un acercamiento con los padres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado.
Solís Benavides planteó que la intervención consiste en otorgar atención victimológica por parte de especialistas, así como en un diálogo abierto para escuchar las inquietudes, junto con el acompañamiento para facilitar la canalización de denuncias ante el Ministerio Público.
Remarcó la dependencia a su cargo manifiesta cero tolerancia ante los casos de abuso sexual que se susciten en los planteles educativos, por lo que coadyuva con las autoridades pertinentes otorgando la información que sea requerida para la integración de los expedientes y el seguimiento con las denuncias.
Con relación al caso específico del docente interino, Solís Benavides indicó que la Fiscalía General del Estado ya está realizando lo pertinente, toda vez que las demandas fueron interpuestas directamente por los padres de familia en dicha instancia, procediendo la judicialización de dos demandas, mientras el resto de las demandas tienen avances considerables en la integración de los expedientes.
En lo que se refiere al manejo de la situación por parte de los directivos del plantel expuesto por los padres de familia, mencionó que se realizará la investigación correspondiente por las áreas de Contraloría Interna de la dependencia a su cargo para determinar responsabilidades.
Reitera que toda institución educativa debe garantizar el derecho a una educación idónea, así como prevenir actos de violencia en contra de la niñez, adolescencia y juventud, en cualquiera de sus modalidades.
