Las acciones emitidas por el Consejo pueden ser consolidadas de manera coordinada en favor de las personas con discapacidad
La diputada Alejandra María Ang Hernández, presentó iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, en la que se modifica la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California y así sumar esfuerzos, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión de este sector de la población.
De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía (INEGI), en baja California hay un total de 3 millones 769 mil 020 habitantes, ocupando el onceavo lugar por número de habitantes, y de los cuales 541 mil 359 habitantes padecen alguna discapacidad o limitación, siendo 258 mil 057 hombres y 283 mil 302 mujeres.
En base a los resultados estadísticos antes citados y ante el inminente crecimiento del número de personas con discapacidad derivado de diversos factores, es de suma importancia implementar políticas públicas de inclusión a personas de nuestra entidad, para que este sector de la sociedad pueda desarrollarse de forma plena en todos los aspectos y reducir la discriminación sistemática hacia este grupo de personas.
En ese sentido, la reforma presentada por la diputada morenista, pretende incluir a la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG) al Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, ya que es un instrumento de carácter técnico consultivo y de coordinación entre del Gobierno Estatal y las organizaciones sociales, que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, por lo que se estima importante que cuente con esta secretaría en la toma de decisiones, considerando también las atribuciones que tiene conferidas en la Ley.
La legisladora inicialista externó que la iniciativa también contempla que las acciones emitidas por el consejo son de vital importancia para la creación de estas políticas públicas y que pueden ser consolidadas de manera coordinada y ordenada en todo el Estado en favor de las personas con discapacidad.
