Niveles de gobierno tienen deber de apostar por la Sociedad Civil que apoya al Estado, en su tarea de proveer protección a personas y familias desplazadas
Baja California es caracterizado como un destino de tránsito de migrantes, y debido a esto, un gran número de personas y familias enteras, optan por quedarse en el Estado, a buscar nuevas oportunidades, ya sea cruzar, quedarse a laborar, o retornar a su lugar de origen, indicó el Diputado Román Cota Muñoz.
Ante esta situación, dijo el legislador del Partido Revolucionario Institucional, resulta imperante que existan mecanismos de Ley, que atiendan estas problemáticas, pues, bajo el supuesto de un incremento exponencial en años futuros de la migración en el Estado, el no contar con protocolos definidos normativamente, orillará a un caos que puede recaer en la descomposición social y económica de nuestro territorio.
Señaló que la sociedad civil, es un socio vital en estas iniciativas regionales para reducir la violencia y ayudar a las personas en riesgo de desplazamiento o que ya han sido desplazadas.
También mencionó en la Máxima Tribuna del Congreso que, los distintos niveles de gobierno tienen el deber de apostar por la sociedad civil y otras organizaciones comunitarias que trabajan para crear sus propias soluciones y brindarles apoyo, ya que en muchas ocasiones el Estado se ve rebasado y la sociedad civil puede apoyarlo en su tarea de proveer protección a las personas y familias desplazadas.
Bajo este tenor, resulta imperante que las Diputadas y Diputados de esta XXIV Legislatura, funjamos como portavoces de este fenómeno social y que presentemos las herramientas necesarias a un proyecto viable referente a Desplazamiento Interno Forzado, mediante acciones trasversales conjuntas con los gobiernos Federal y Estatal.
“No podemos permitir que transcurra más tiempo, y que este fenómeno social se acrecente, sin tomar las acciones necesarias, apoyando a cientos de personas que vivieron y viven aun esta situación, y debemos cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos constitucionales y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano está suscrito”, puntualizó.
