Aprueban en la Comisión de Justicia modificaciones que garantizan el correcto desempeño de los servidores públicos que participan en el proceso de procuración y administración de justicia
Con la finalidad de fortalecer y garantizar los derechos de las víctimas, esencialmente el derecho que tienen a la vida, a la identidad, a la dignidad y a la privacidad, las diputadas y diputados que conforman la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobaron modificaciones a la “Ley Ingrid”.
Así lo explicó la legisladora panista Lizbeth Mata Lozano, agregando que dichas adecuaciones también aseguran el correcto desempeño de las y los servidores públicos que participan en el proceso de procuración y administración de justicia.
La Diputada Federal y Secretaria de la Comisión de Justicia, explicó que en la sesión se dictaminó el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, mismas que fueron aprobadas para posteriormente presentarlas en la siguiente sesión del pleno.
Señaló que las modificaciones contemplan sancionar penalmente a todo servidor público que, por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie, o comercialice, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia, u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de la víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la Ley señale como delitos.
También se agravan las penas para dicha conducta, cuando la información manipulada sea sobre mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad o víctimas de algún delito.
Recordó que en febrero de 2020 se difundió de manera masiva e indebida imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla que tuvo lugar en la Ciudad de México, su cuerpo mutilado inundó las redes sociales y medios de comunicación, lo que indignó a la sociedad que solicitó poner un alto a las filtraciones del expediente de la Fiscalía de la CDMX.
Como antecedente, dijo, ese año se aprobó adicionar al Código Penal por parte del Congreso de la CDMX, un nuevo tipo penal, en el que se castiga a toda o todo servidor público que de forma indebida difunda, entregue, revele o publique información relacionada con un procedimiento penal o hechos de delitos, reforma que se le conoció como Ley Ingrid.
De esta manera los legisladores buscan mejorar la normatividad penal, para poder sancionar una conducta que vulnera los derechos fundamentales de las víctimas del delito, además de que se busca prevenir que los servidores del Sistema de Justicia Penal expongan material sensible e íntimo de alguna víctima.
Con las reformas y las modificaciones al artículo 225 de dicha Ley, se logra consolidar una nueva disposición normativa enfocada a proteger con mayor margen la identidad, privacidad y dignidad tanto de las mujeres, como de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de un delito.
También se protege y salvaguarda los derechos humanos de las víctimas dentro de los procedimientos jurisdiccionales e investigaciones de carácter penal, a la vez que se previene la revictimización y la violencia institucional.
En el dictamen, destaca que de acuerdo con datos del INEGI 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica o patrimonial.
En estos casos, la violencia ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo, novio o algún familiar. Destaca que la mitad de las mujeres sufrió violencia de algún agresor distinto a la pareja como familiares, compañeros, conocidos y extraños.
Este dictamen, señaló Lizbeth Mata, se someterá a votación en la sesión de la Cámara de Diputados que se celebrará este jueves.
